El colapso del orden público durante la Segunda República española y el camino hacia la Guerra Civil

Durante la Segunda República española se desarrolló una espiral de violencia política de enorme intensidad, muy superior a la vivida décadas después durante el terrorismo de ETA, que causó 853 asesinatos a lo largo de más de cuarenta años. Entre 1931 y 1936, España experimentó un progresivo deterioro del orden público que afectó gravemente a la convivencia y a la estabilidad institucional.

En ese periodo se registraron 3.623 víctimas mortales, más de 12.500 heridos, 13.494 huelgas, 735 edificios religiosos incendiados, 780 asaltos y profanaciones y 3.866 atentados con explosivos. Estos datos reflejan un clima de violencia sostenida en el que el uso de la fuerza se convirtió en una herramienta habitual de acción política, muy alejada de una convivencia democrática estable.

La violencia como instrumento político

Según el historiador Miguel Platón, la mayor parte de los episodios violentos fueron protagonizados por organizaciones de izquierda como la Confederación Nacional del Trabajo, la Unión General de Trabajadores, la Federación Anarquista Ibérica, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista de España y el Partido Obrero de Unificación Marxista. A su vez, más de un millar de víctimas, muchas de ellas militantes de izquierda, fueron consecuencia de la actuación de las fuerzas del orden al sofocar insurrecciones, huelgas revolucionarias y graves alteraciones del orden público bajo distintos gobiernos republicanos.

La violencia protagonizada por la Falange apareció más tarde, a partir de 1934, tras el asesinato del militante Juan Cuéllar a manos de milicias socialistas en El Pardo. Desde ese momento se inició una dinámica de represalias que fue intensificándose con el paso del tiempo y que contribuyó a radicalizar aún más el clima político.

El colapso del orden público y el camino hacia la Guerra Civil

Tras las elecciones de febrero de 1936, la situación se deterioró de forma acelerada. Milicias armadas de partidos y sindicatos actuaban con creciente impunidad. Se produjeron asesinatos políticos, enfrentamientos armados y ataques entre militantes de distinto signo en ciudades como Madrid, Barcelona o Granada. En algunos casos, incluso militantes de izquierda fueron víctimas de agresiones procedentes de su propio entorno. El Estado se mostró incapaz de restaurar el orden o de desarmar a los grupos que actuaban al margen de la ley.

La gravedad del momento quedó reflejada en una carta escrita el 17 de marzo de 1936 por el entonces presidente del Consejo de Ministros a su cuñado Cipriano Rivas Cherif. En ella relataba incendios, asesinatos, disturbios y agresiones a militares, reconociendo la pérdida de control y el avance imparable de la violencia política.

La espiral culminó con los asesinatos del teniente José Castillo y de José Calvo Sotelo en junio de 1936. Estos hechos marcaron el colapso definitivo del orden público y precipitaron el estallido de la Guerra Civil, poniendo fin a una etapa marcada por la fractura social, la violencia sistemática y la incapacidad del Estado para garantizar la convivencia.

Dario Madrid es autor del libro «Mentiras desveladas y víctimas inocentes de la Guerra Civil» publicado por la editorial Esfera de los Libros.