La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a estafar a través de internet mediante anuncios de falsas adopciones de mascotas. La operación, denominada “Magna-Vallis”, se ha saldado con 19 detenidos —18 en Vizcaya y uno en Burgos— y tres personas investigadas más.
La trama, asentada principalmente en Vizcaya, utilizaba portales de compraventa y redes sociales para ofrecer supuestos cachorros en adopción o venta. Una vez captada la víctima, los estafadores solicitaban pagos sucesivos con excusas como gastos de vacunas, transporte, microchip o jaulas, que debían abonarse por Bizum o transferencia bancaria. El animal nunca llegaba a entregarse y el dinero no se recuperaba.
Hasta el momento, los investigadores han identificado 121 personas estafadas y diez víctimas de suplantación de identidad, repartidas por casi toda España, desde Canarias hasta Galicia, pasando por Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León, entre otras comunidades.
Un anciano explotado para cometer las estafas
Uno de los aspectos más graves del caso es la utilización de un hombre de más de 80 años por parte de tres miembros de un mismo clan familiar. Según la investigación, lo habían aislado de su entorno y lo obligaban a mendigar, además de usar su identidad para abrir numerosas cuentas bancarias con las que canalizar el dinero procedente de las estafas.
La Guardia Civil detectó 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas utilizadas por la organización, muchas de ellas asociadas a identidades falsas o de terceros. Todas ellas han sido bloqueadas por orden judicial. Para ocultar el origen del dinero, la red empleaba técnicas de “smurfing”, fragmentando los ingresos en múltiples micropagos antes de blanquearlos.
El perjuicio económico directo causado por las estafas supera ya los 36.000 euros, aunque la cifra podría aumentar a medida que aparezcan nuevas víctimas.
Fraude masivo con ayudas públicas
La investigación también ha sacado a la luz un importante fraude en prestaciones sociales. La mayoría de los implicados carecía de actividad laboral conocida y percibía ayudas como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otras prestaciones autonómicas. Parte de esos fondos, junto al dinero obtenido de las estafas, fue invertido en criptomonedas, con un valor estimado de más de 55.000 euros.
Los investigadores calculan que las prestaciones cobradas de forma indebida podrían superar los 560.000 euros.
Delitos y continuación de la investigación
A los detenidos se les atribuyen, entre otros, delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, suplantación de identidad, pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos y malos tratos.
