La Policía Nacional, en coordinación con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha desmantelado en la provincia de Cádiz una trama dedicada a la creación de empresas inexistentes para simular relaciones laborales y acceder de forma ilegal a prestaciones públicas. La operación se ha saldado con 16 personas detenidas y otras cuatro investigadas, y ha provocado un quebranto económico que ronda los 500.000 euros.
Las pesquisas se iniciaron tras detectarse movimientos anómalos en el sistema de control del fraude, que apuntaban a la presencia de sociedades sin actividad real radicadas en Jerez de la Frontera. Estas mercantiles eran utilizadas como tapadera para dar de alta a supuestos trabajadores que, en realidad, nunca habían prestado servicio alguno. Gracias a este mecanismo se habrían generado derechos a subsidios y ayudas que no les correspondían.
Empresas sin actividad real para simular contratos de trabajo
La investigación permitió comprobar que estas empresas carecían de estructura, actividad económica y facturación, y que sus responsables evitaban sistemáticamente el pago de cuotas y otras obligaciones con la Seguridad Social. De este modo, se creaba una apariencia de legalidad que facilitaba tanto el cobro indebido de prestaciones como la regularización administrativa de ciudadanos extranjeros.
Según los datos recabados, al menos 25 personas figuraban como empleados en estas compañías ficticias. A través de esas falsas relaciones laborales, percibieron ayudas del Servicio Público de Empleo Estatal por un importe total de 140.218 euros. A ello se suman 5.825 euros cobrados de manera irregular en concepto de prestación por nacimiento y cuidado de menor, tramitadas ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Cobro indebido de prestaciones y regularización fraudulenta de extranjeros
El fraude también alcanzó al sistema de incapacidad temporal. Tres de los beneficiarios cobraron un total de 15.876 euros mediante el pago directo de una mutua colaboradora, pese a no existir una relación laboral real que justificara dichas prestaciones. Además, uno de los implicados utilizó su falsa alta en una de estas empresas para renovar su permiso de residencia y trabajo en España.
La operación ha permitido sacar a la luz un entramado diseñado para explotar los mecanismos de protección social mediante documentación falsa y empresas pantalla, generando un grave perjuicio económico al erario público y vulnerando los derechos de los trabajadores reales. Las diligencias continúan abiertas para depurar todas las responsabilidades penales y administrativas.
