El Tribunal Supremo ha rechazado nuevamente la pretensión de Baltasar Garzón de regresar a la carrera judicial, confirmando así que el exmagistrado continuará apartado de la judicatura más de una década después de su condena por las escuchas ilegales del caso Gürtel.
La decisión supone un nuevo revés para Garzón, que había intentado apoyarse en un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU para reclamar su readmisión como juez. Sin embargo, tanto el Consejo General del Poder Judicial como ahora el Tribunal Supremo han rechazado sus argumentos y han recordado que la condena de 2012 sigue siendo firme y plenamente válida.
Garzón fue expulsado de la carrera judicial después de que el Supremo le condenara a once años de inhabilitación por ordenar la intervención de conversaciones entre imputados del caso Gürtel y sus abogados defensores en prisión. El alto tribunal consideró entonces que aquellas actuaciones vulneraban gravemente el derecho de defensa y las garantías constitucionales básicas de cualquier proceso judicial.
El Supremo insiste: la condena sigue vigente
La resolución conocida este miércoles deja claro que el Supremo no considera posible revertir ahora las consecuencias de aquella sentencia. El CGPJ ya había rechazado anteriormente la petición de Garzón al entender que los acuerdos que ejecutaron su expulsión simplemente daban cumplimiento a una sentencia firme y no podían ser anulados administrativamente.
De este modo, el exjuez continúa definitivamente fuera de la judicatura española, pese a los intentos realizados en los últimos años para recuperar su condición de magistrado.
La noticia vuelve a poner sobre la mesa uno de los episodios más polémicos de la historia judicial reciente de España. Durante años, determinados sectores intentaron presentar a Garzón como víctima de una persecución política. Sin embargo, la realidad es que fue el propio Tribunal Supremo quien concluyó que había cruzado una línea incompatible con el Estado de Derecho.
De juez estrella a abogado y activista mediático
Desde su expulsión de la carrera judicial, Baltasar Garzón ha mantenido una intensa actividad pública como abogado, conferenciante y figura mediática. Sus críticos consideran que su trayectoria refleja cómo parte de la judicatura española terminó cayendo en dinámicas de excesivo protagonismo político y personal.
El Supremo, no obstante, ha vuelto a lanzar un mensaje contundente: la lucha contra la corrupción o cualquier otra causa no justifica vulnerar derechos fundamentales. Precisamente por ello, la condena contra Garzón no fue simbólica, sino que implicó la pérdida definitiva de su plaza judicial.
Más de catorce años después de aquella sentencia, Baltasar Garzón sigue sin poder volver a ejercer como juez en España. Y la última decisión del Tribunal Supremo confirma que esa situación no va a cambiar.
