España está a punto de alcanzar por primera vez en su historia los 50 millones de habitantes, un hito que no obedece al crecimiento natural de la población, sino al impacto de la inmigración en un país cuya tasa de natalidad se mantiene en mínimos históricos. La fecundidad ronda apenas 1,1 hijos por mujer, muy por debajo del nivel necesario para garantizar el reemplazo generacional, y el crecimiento vegetativo es negativo desde hace años: mueren más personas de las que nacen. Así, la llegada de migrantes se convierte en el verdadero motor demográfico, con más de diez millones de residentes nacidos en el extranjero, de los cuales varios millones han adquirido la nacionalidad española. Se calcula que, cuando desaparezca la generación del baby boom, en torno al 40% de la población habrá nacido fuera del país, lo que obligará a repensar la identidad social y cultural de la nación en términos de integración, diversidad y cohesión.
El envejecimiento es otro fenómeno clave. La proporción de personas mayores aumenta de manera sostenida mientras la base joven se estrecha, lo que genera presión sobre el sistema de pensiones, la sanidad y los servicios de cuidados. A ello se suma la transformación de los hogares: más de la mitad están formados por una o dos personas, y las proyecciones indican que esta tendencia se intensificará en los próximos años, impulsada por cambios culturales, laborales y por la falta de políticas que favorezcan la conciliación y la maternidad. Además, la distribución territorial refleja un desequilibrio evidente: mientras las grandes áreas metropolitanas concentran cada vez más población, el mundo rural continúa perdiendo habitantes, lo que amenaza con agravar la despoblación y la desigualdad entre territorios.
La cifra de 50 millones plantea grandes oportunidades pero también riesgos. La primera es el acceso a la vivienda, donde la presión demográfica se suma a los precios elevados y a la escasez de oferta asequible. La segunda es la integración social: no basta con que los inmigrantes residan en el país, es necesario facilitar su incorporación real al mercado laboral, al sistema educativo y a la vida cultural para evitar fracturas sociales. La tercera tiene que ver con los servicios públicos: garantizar una sanidad eficiente, pensiones sostenibles y un sistema de cuidados adaptado al envejecimiento. Y finalmente, está el reto de la educación y la productividad, que deben estar orientadas a retener talento y preparar a las nuevas generaciones en un contexto de globalización y cambio tecnológico acelerado.
Alcanzar los 50 millones de habitantes no debe verse como un punto de llegada, sino como un recordatorio de que la demografía no es un destino inevitable, sino un campo de acción política y social. España tiene la oportunidad de convertir este desafío en un motor de modernización si articula una estrategia nacional que abarque vivienda, empleo, integración, sanidad, educación y desarrollo territorial. En definitiva, se trata de tomar las riendas de un cambio profundo y convertirlo en una palanca de cohesión y prosperidad, en lugar de dejar que el peso de los números decida por sí solo el rumbo del país.
