¿Debe el Estado limitarse a arbitrar las reglas del juego económico, o tiene derecho a ser un jugador activo? Esta pregunta atraviesa siglos de debate. Para los liberales clásicos, la mejor economía era la que menos intervención sufría: el mercado, decían, se regula solo. Sin embargo, las crisis recurrentes y las desigualdades crecientes demostraron que la “mano invisible” no siempre garantiza justicia ni estabilidad.
Desde la Gran Depresión de 1929, los gobiernos han asumido un papel más activo. Subvenciones, inversión pública, pensiones, sanidad y educación se convirtieron en pilares del Estado del bienestar. Keynes defendió que el gasto público podía rescatar una economía en recesión. Otros, como Friedman, alertaron del peligro de una burocracia excesiva que ahogue la innovación.
Hoy, la cuestión vuelve a estar sobre la mesa. La transición ecológica, la digitalización y la protección social requieren inversiones gigantescas. Los ciudadanos exigen servicios eficientes y al mismo tiempo impuestos justos. Encontrar ese equilibrio es uno de los mayores desafíos contemporáneos.
El Estado moderno no puede retirarse del campo económico: debe actuar con inteligencia, transparencia y visión a largo plazo. No como un competidor más, sino como garante de que el progreso llegue a todos.
