El Gobierno de España ha propuesto aumentar un 62 % el techo de inversión para su red eléctrica entre 2025 y 2030, una medida clave para alimentar la creciente demanda energética y asegurar la transición ecológica. Se espera que se destinen cerca de 13.590 millones de euros al tronco principal de la red, con sumas adicionales al transporte y la distribución locales.
Esta ampliación se produce tras un apagón importante que puso de manifiesto la vulnerabilidad de las infraestructuras en situaciones extremas. Además, se proyecta que para 2030 habrá una demanda adicional de 27,7 gigavatios en la red de transporte, impulsada por centros de datos, energías renovables y la electrificación de servicios.
El objetivo no solo es soportar más capacidad, sino modernizar la gestión eléctrica, facilitar el acceso de las energías limpias y mejorar la fiabilidad del sistema. Compañías como Iberdrola, Endesa y la operadora de red nacional se encuentran entre los principales actores que intervendrán.
El plan supone también abrir espacio para que la inversión privada entre con mayor fuerza, gracias a los nuevos límites regulados que permitirán mayor retorno y seguridad legal para esos inversores. En un escenario de precios energéticos volátiles, esta apuesta busca reducir los costes de generación, minimizar pérdidas en transporte y contribuir a cumplir las metas de emisiones y clima de la Unión Europea.
En definitiva, la medida refleja una estrategia ambiciosa que combina infraestructuras, sostenibilidad y seguridad energética — claves para que España mantenga su competitividad, garantice el suministro eléctrico y avance con firmeza hacia la descarbonización.
