La propuesta de reducir la jornada laboral en España de 40 a 37,5 horas semanales se ha convertido en uno de los debates más intensos del panorama económico actual. El planteamiento responde a una doble aspiración: por un lado, mejorar la conciliación familiar y la calidad de vida de los trabajadores; por otro, impulsar la productividad de las empresas en un país donde las largas horas no siempre se traducen en mayor rendimiento.
Desde el punto de vista económico, la medida presenta luces y sombras. Sus defensores señalan que puede estimular la economía interna: más tiempo libre significa más consumo en ocio, cultura o turismo, sectores clave en el PIB español. Además, estudios internacionales muestran que una reducción de jornada bien gestionada puede disminuir el absentismo, reducir el estrés y aumentar la creatividad.
Sin embargo, los detractores temen que los costes laborales crezcan, especialmente en pequeñas y medianas empresas que representan la mayor parte del tejido empresarial español. A ello se suma la duda de si todas las actividades, especialmente las ligadas a servicios y hostelería, pueden absorber esa reducción sin una caída en su competitividad.
La experiencia de otros países ofrece pistas. En Francia, la semana de 35 horas generó inicialmente tensiones empresariales, pero también consolidó un modelo laboral más equilibrado. En Islandia, experimentos recientes demostraron mejoras claras en la salud de los empleados sin pérdidas económicas.
El debate, por tanto, no se centra solo en las horas, sino en cómo reorganizar los procesos productivos. España se enfrenta al reto de conjugar bienestar social con eficiencia económica, y la clave estará en diseñar una transición gradual que atienda a sectores y tamaños de empresa. La cuestión ya no es si se puede trabajar menos, sino cómo hacerlo de forma sostenible.
