Silvia Orriols ha anunciado el inicio de una campaña de “denuncia masiva” contra establecimientos comerciales de Barcelona que, según su formación, incumplen la normativa lingüística vigente en Cataluña. La iniciativa se dirige principalmente contra negocios que no utilizan el catalán en su rotulación, atención al público o información comercial.
Según han explicado desde el propio partido, la campaña se apoya en la normativa autonómica que regula los derechos lingüísticos de los consumidores y que obliga a los establecimientos abiertos al público a garantizar la atención en catalán. Desde Aliança Catalana sostienen que existe una “dejación de funciones” por parte de la Administración y que, ante esta situación, promoverán denuncias ante los organismos competentes.
Una iniciativa que apunta a cientos de comercios
La formación ha señalado que la campaña podría afectar a cientos de establecimientos, especialmente en la ciudad de Barcelona, y anima a sus simpatizantes a colaborar en la identificación de presuntos incumplimientos. El objetivo declarado, según el partido, es “defender el uso social del catalán” y asegurar su presencia en la actividad económica.
Esta llamada a la colaboración ciudadana ha generado inquietud entre comerciantes y asociaciones empresariales, que temen un aumento de la presión sobre pequeños negocios, muchos de ellos gestionados por autónomos o familias que operan en un contexto económico ya complejo.
Críticas políticas y advertencias jurídicas
La iniciativa ha provocado reacciones inmediatas en el ámbito político. Diversos partidos han criticado la campaña por considerar que fomenta la confrontación social y la señalización de comerciantes. También han recordado que el castellano es lengua oficial en Cataluña, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía, por lo que su uso no puede ser sancionado por sí mismo.
Desde el ámbito jurídico se recuerda que la normativa lingüística establece la obligación de que determinada información esté disponible en catalán, pero no prohíbe el uso del español ni legitima campañas de presión social. Las posibles infracciones deben ser valoradas exclusivamente por la administración competente, con pleno respeto a las garantías legales y al principio de proporcionalidad.
Por el momento, la Generalitat no ha anunciado medidas adicionales ni ha confirmado la apertura de expedientes derivados de estas denuncias. Mientras tanto, la iniciativa de Orriols ha reabierto el debate sobre el uso de las lenguas oficiales en Cataluña y los límites entre la promoción lingüística y la coerción social.
La controversia vuelve a poner sobre la mesa una cuestión de fondo: hasta qué punto la defensa de una lengua puede convertirse en un instrumento de presión y qué consecuencias tiene trasladar la confrontación política al ámbito de la convivencia cotidiana.
