El 17 de enero de 1996 José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones en Logroño, fue secuestrado por la organización terrorista ETA. Aquel día comenzó uno de los episodios más crueles y prolongados de la historia reciente de España, un símbolo del sufrimiento provocado por el terrorismo durante décadas.
532 días enterrado en vida
Los terroristas lo mantuvieron 532 días encerrado en un zulo subterráneo construido expresamente para su cautiverio. El habitáculo apenas medía tres metros de largo por dos y medio de ancho y 1,8 metros de altura. Sin apenas luz natural, con una ventilación mínima y aislado del mundo exterior, Ortega Lara pasó casi un año y medio en condiciones inhumanas. Para cubrir sus necesidades básicas solo disponía de un cubo y de una pequeña mesa. El espacio era tan reducido que apenas podía moverse con normalidad.
El secuestro le provocó un deterioro físico y psicológico extremo. Durante ese tiempo perdió 23 kilos, sufrió desnutrición, atrofia muscular y un profundo desgaste emocional. Su vida quedó reducida a una rutina de soledad absoluta, vigilado por sus captores y sin saber si algún día volvería a ver a su familia.
El calvario terminó el 1 de julio de 1997, cuando la Guardia Civil logró localizar el zulo y liberarlo en una operación policial en Mondragón. Los médicos que lo atendieron tras su rescate confirmaron que, de haber permanecido más tiempo en aquellas condiciones, probablemente habría muerto. Su liberación se convirtió en un momento de enorme emoción colectiva para millones de españoles.
Secuestradores en libertad y crímenes sin resolver
Uno de los principales responsables del secuestro fue Josu Uribetxeberria Bolinaga, miembro de ETA y también condenado por el asesinato de los guardias civiles Antonio López Martínez Colmenero y Pedro Galnares. En 2012 fue excarcelado por motivos de salud y recibió homenajes públicos por parte de sectores del entorno de la banda, un hecho que provocó una profunda indignación social.
El resto de secuestradores —José Luis Erostegui Bidaguren, José Miguel Gaztelu Ochandorena y Javier Ugarte Villar— ya se encuentran en libertad tras haber cumplido sus condenas. Ninguno ha mostrado arrepentimiento por los hechos.
A día de hoy, en la Comunidad Autónoma del País Vasco siguen celebrándose manifestaciones que reclaman la excarcelación de otros presos de ETA condenados por delitos gravísimos como asesinatos, secuestros, extorsiones, lesiones, estragos, amenazas e integración en banda terrorista. Para sus convocantes, esas condenas son injustas.
Sin embargo, lo verdaderamente injusto es que, décadas después del final de la actividad armada, más de 300 asesinatos cometidos por ETA continúan todavía sin resolverse judicialmente. Cientos de familias siguen sin conocer toda la verdad y sin ver condenados a los responsables de la muerte de sus seres queridos. Esa es una herida abierta que la sociedad española todavía no ha logrado cerrar.
