La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decretado el archivo de la denuncia contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales, trata de personas y otros delitos, al concluir que España no tiene competencia para investigar unos hechos que, según la propia denuncia, habrían ocurrido íntegramente en el extranjero. La decisión supone un serio revés para la ofensiva mediática y jurídica impulsada por varias ONG y por las dos mujeres que presentaron la acusación.
La denuncia fue presentada a comienzos de enero por dos antiguas empleadas del artista, con el respaldo de una organización internacional, pese a que ni las denunciantes ni los hechos guardaban vínculo alguno con España. Aun así, se promovió una amplia exposición pública del caso antes de que la Fiscalía pudiera siquiera pronunciarse sobre su competencia.
Una denuncia sin base jurisdiccional
El decreto de archivo es contundente. La Fiscalía recuerda que los supuestos hechos habrían ocurrido en la República Dominicana y en las Bahamas, que las denunciantes no son españolas ni residen en España y que no existe ningún elemento que permita activar la jurisdicción penal española. En otras palabras, el procedimiento nunca debió abrirse en la Audiencia Nacional, por lo que la vía elegida por las ONG carecía de fundamento jurídico desde el primer momento.
Este punto resulta especialmente relevante, porque demuestra que la denuncia fue presentada a sabiendas de que España no era el foro competente, lo que refuerza la impresión de que se buscaba más un impacto mediático internacional que una investigación penal eficaz en los países donde supuestamente habrían ocurrido los hechos.
Activismo judicial y desgaste reputacional
La defensa de Julio Iglesias había advertido desde el inicio de esta falta de competencia y solicitó el archivo inmediato. El propio artista negó las acusaciones y denunció públicamente una campaña de descrédito, difundiendo mensajes que, según su versión, evidenciarían una relación normal y sin conflicto con las denunciantes.
El archivo deja en una posición incómoda a las ONG promotoras del caso, que llevaron el asunto a los titulares sin tener un marco legal válido, exponiendo a una persona pública a un grave daño reputacional sin que la Justicia española pudiera siquiera entrar a valorar el fondo de los hechos.
Aunque las denunciantes aún pueden acudir a los tribunales de los países donde dicen que ocurrieron los hechos, lo ocurrido en España subraya un problema cada vez más habitual: la utilización de los juzgados y de los medios como escenario de activismo, sin respetar los límites básicos de la competencia judicial ni las garantías de una investigación penal seria.
