El 7 de marzo de 1820 el rey Fernando VII de España anunció que restablecía la vigencia de la Constitución de Cádiz de 1812, poniendo fin al régimen absolutista que había impuesto seis años antes. Dicen que entonces pronunció: «Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional».
No vayan a creer ustedes que el conocido como el «rey Felón» marchó por aquella senda de forma voluntaria. El 1 de enero de ese mismo año, el entonces teniente coronel Rafael del Riego protagonizó un pronunciamiento en Las Cabezas de San Juan (Sevilla) exigiendo el restablecimiento de la «Pepa» y el fin del absolutismo.
El militar, que terminaría su vida ejecutado en Madrid, logró sublevar a las tropas que debían embarcar hacia América para combatir en las guerras de independencia americanas. En poco tiempo el movimiento se extendió por una buena parte de las guarniciones militares de la Península sin que el gobierno de Fernando VII fuera capaz de sofocar la insurrección. A comienzos de marzo de 1820 la situación era ya insostenible para la monarquía.
El juramento constitucional
Dado que no podía frenar el movimiento liberal, Fernando VII aceptó jurar la Constitución y someterse a un régimen que limitaba severamente el poder real. El 9 de marzo juró oficialmente la Constitución de Cádiz, pronunciando la famosa frase que hemos citado al principio.
Tres años duró aquel juramento. El llamado Trienio Liberal trajo consigo la soberanía nacional, la división de poderes, la representación parlamentaria y la limitación del poder del rey, pero también inestabilidad política, división entre liberales moderados y exaltados, violencia e intentos de golpe de Estado por parte de los absolutistas.
El final del Trienio Liberal
El «experimento» terminó en 1823, cuando Francia intervino militarmente con un ejército conocido como los Cien Mil Hijos de San Luis, que invadió España para restaurar el poder absoluto de Fernando VII. Tras la caída de Cádiz y la liberación del rey, el monarca anuló toda la legislación del periodo constitucional y restableció de nuevo el absolutismo.
Poco después, el propio Rafael del Riego fue capturado, condenado a muerte y ejecutado el 7 de noviembre de 1823 en la plaza de la Cebada de Madrid. Primero fue asfixiado mediante garrote vil; después su cadáver fue decapitado, quedando su cabeza expuesta durante unos días y, finalmente, sus restos fueron arrojados a una fosa común.
