La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado abrir causa contra el diputado de Sumar en Comú Podem, Félix Alonso Cantorné, por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con su etapa como alcalde de Altafulla entre 2011 y 2019. El alto tribunal ha designado como instructor al magistrado Vicente Magro, conforme al turno establecido.
La decisión del Supremo se fundamenta en la exposición razonada remitida el 26 de diciembre de 2025 por el juzgado de instrucción de El Vendrell, y coincide con el criterio del Ministerio Fiscal. Según el auto, la investigación se centra en la contratación realizada por el Ayuntamiento de Altafulla con las empresas Milá Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient SLP, con las que el entonces alcalde habría mantenido diversas relaciones sin ajustarse a la normativa vigente.
Uso reiterado del contrato menor
El tribunal apunta que, de acuerdo con la documentación analizada, Alonso Cantorné habría recurrido de forma sistemática a la figura del contrato menor para adjudicar servicios. Esta práctica, señala el auto, le habría permitido eludir los requisitos de publicidad y concurrencia, facilitando adjudicaciones directas y una posible selección arbitraria de los beneficiarios.
La Sala sostiene que esta dinámica podría haber tenido como finalidad “dar apariencia de legalidad” a contrataciones que, presuntamente, no se ajustaban a derecho. En algunos casos, incluso, se habría prescindido por completo de procedimiento administrativo, lo que, en principio, encajaría en los elementos del delito de prevaricación administrativa previsto en el artículo 404 del Código Penal.
Investigación abierta y posible ampliación
No obstante, el Supremo subraya que la investigación no se limita a este delito. El auto advierte de que el objeto del procedimiento tiene carácter “de cristalización progresiva”, lo que significa que podrá ampliarse en función de los resultados que se vayan obteniendo.
En este sentido, el tribunal pone el foco también en la dinámica de facturación utilizada para abonar los servicios contratados. Aunque por el momento no se formulan acusaciones concretas en este ámbito, no se descarta que puedan aflorar otras irregularidades si así lo revelan las diligencias.
Por todo ello, la Sala acuerda incoar diligencias de investigación con el objetivo de confirmar, ampliar o descartar los indicios existentes. El procedimiento se encuentra en una fase inicial, por lo que será el desarrollo de la instrucción el que determine el alcance final de las posibles responsabilidades penales.
