Las acusaciones populares personadas en la investigación judicial que afecta a Begoña Gómez han solicitado al juez instructor la adopción de nuevas medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.
La petición se ha formulado en el marco de la causa que dirige el magistrado Juan Carlos Peinado, quien investiga diversas actuaciones relacionadas con la esposa del presidente del Gobierno. Las acusaciones consideran que la evolución del procedimiento y el estado actual de las diligencias justifican la adopción de medidas destinadas a garantizar la correcta marcha del proceso judicial.
Las acusaciones alegan riesgo de fuga
Los promotores de la solicitud sostienen que la gravedad de los hechos investigados y la situación procesal de la investigada hacen aconsejable reforzar las garantías de que permanecerá a disposición de la Justicia durante toda la tramitación de la causa.
Por ese motivo han solicitado la retirada del pasaporte, una medida cautelar prevista en el ordenamiento jurídico español y utilizada en determinados procedimientos para evitar la salida del país de una persona investigada cuando se aprecia un riesgo relevante de fuga.
Junto a la retirada del documento de viaje, también se ha pedido la prohibición de abandonar España y la obligación de realizar comparecencias periódicas ante la autoridad judicial, medidas que suelen aplicarse conjuntamente cuando un juez considera necesario asegurar la presencia del investigado durante el proceso.
El juez ya rechazó una medida similar anteriormente
No es la primera vez que se plantea esta cuestión en la causa. Durante una fase anterior de la investigación ya se solicitó la adopción de medidas cautelares semejantes, aunque entonces el juez instructor rechazó la petición al no apreciar circunstancias suficientes que justificaran una limitación de los movimientos de la investigada.
Ahora las acusaciones populares entienden que la situación procesal ha evolucionado y han vuelto a plantear la necesidad de adoptar estas restricciones. Será el magistrado quien deba decidir si existen motivos jurídicos suficientes para acordarlas o si, por el contrario, mantiene el criterio seguido hasta ahora.
La retirada del pasaporte no constituye una condena ni implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad de una persona. Se trata de una medida cautelar cuyo único objetivo es garantizar que el procedimiento judicial pueda desarrollarse con normalidad y que el investigado permanezca a disposición de los tribunales mientras continúan las actuaciones.
La decisión que adopte el juez determinará si Begoña Gómez continúa sin restricciones para viajar al extranjero o si, por el contrario, queda sometida a alguna de las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones populares.
