La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado hoy una demoledora sentencia de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público contra David Sánchez Pérez-Castejón. El tribunal lo considera cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa al aceptar un puesto diseñado a su medida en la Diputación de Badajoz en 2017 y beneficiarse de posteriores modificaciones totalmente arbitrarias de su plaza en 2022. El fallo judicial supone un durísimo revés para el relato de normalidad institucional que ha intentado proyectar La Moncloa, confirmando que las sospechas de nepotismo que cercaban al entorno familiar del presidente del Gobierno tenían un sólido trasfondo penal.
El descaro de un proceso a medida: Airbnb antes de ganar y el apodo del «hermanísimo»
La sentencia detalla con precisión quirúrgica el absoluto desprecio por los principios de mérito y capacidad que rigieron la contratación de David Sánchez. Entre las pruebas documentales y testificales más reveladoras, los magistrados destacan que el hermano del presidente ya buscaba un apartamento de alquiler estable en Badajoz a través de Airbnb el mismo día en que se reunía la comisión de valoración, asegurándole al propietario que iba a venir a trabajar a la ciudad. Esta gestión se realizó semanas antes de que se resolviera formalmente un concurso en el que competían otros diez aspirantes.
A este indicio se suma el rastro de los correos electrónicos incautados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. En ellos queda acreditado que, el mismo día de la publicación de las bases de la convocatoria en mayo de 2017, directores de centros públicos ya se referían a él internamente bajo el explícito asunto de «el hermanísimo», evidenciando que el proceso selectivo era una mera formalidad para encubrir una decisión tomada de antemano.
Un traje institucional adaptado para blindar su sueldo público
La condena de nueve años de inhabilitación —que también ha recaído sobre el expresidente de la corporación provincial y exlíder socialista extremeño, Miguel Ángel Gallardo, como autor directo de la prevaricación— no solo castiga el amaño del fichaje inicial. El tribunal censura con severidad las maniobras del año 2022, cuando la Diputación modificó la estructura organizativa para transformar su plaza de coordinador de conservatorios en la dirección de la Oficina de Artes Escénicas.
Esta pirueta administrativa, según la resolución, careció de cualquier justificación de interés general y se realizó con el único objetivo de adaptar el puesto a las conveniencias particulares del acusado y consolidar sus retribuciones. Pese a que el tribunal ha descartado la acusación de tráfico de influencias al no hallar pruebas de presiones directas, la confirmación judicial de que se prevaricó de forma continuada para colocar y sostener al hermano del jefe del Ejecutivo desmorona los intentos del PSOE de calificar este proceso como una simple campaña de acoso político.
