La figura de Isabel la Católica continúa ocupando un lugar central en el debate sobre la llegada de los españoles a América. Más de cinco siglos después, una de las cuestiones más controvertidas sigue siendo cuál fue realmente la posición de la reina de Castilla respecto a los pueblos indígenas y hasta qué punto intervino para impedir que fueran tratados como esclavos.
La respuesta exige alejarse tanto de la idealización como de la simplificación. Los documentos conservados muestran que Isabel desarrolló progresivamente una política que reconocía a los indígenas americanos como súbditos y vasallos de la Corona, aunque aquella protección convivió con contradicciones, trabajo obligatorio y excepciones legales propias de la mentalidad y del derecho de finales del siglo XV.
Uno de los primeros grandes conflictos surgió con Cristóbal Colón. En 1495, el almirante envió centenares de indígenas a la Península para venderlos como esclavos. Inicialmente los Reyes autorizaron la operación, pero apenas cuatro días después suspendieron el procedimiento hasta consultar a teólogos y canonistas sobre su legalidad. Años después, la Corona ordenó que numerosos indígenas llevados a Castilla fueran devueltos a América.
La política quedó expresada con especial claridad en las instrucciones enviadas en 1501 a Nicolás de Ovando, gobernador de La Española. Los Reyes ordenaban que los indígenas fueran bien tratados, que nadie pudiera robarles o causarles daño y que aquello que les hubiera sido arrebatado por la fuerza les fuese restituido. El documento los denomina explícitamente «súbditos y vasallos». También establecía que los matrimonios entre españoles e indígenas debían realizarse voluntariamente.
Sin embargo, estas disposiciones no equivalían a una igualdad jurídica contemporánea. Las mismas instrucciones permitían obligar a los indígenas a determinados trabajos, aunque estableciendo el pago de un salario, y la Corona mantuvo excepciones que permitían esclavizar a determinados grupos considerados enemigos o capturados conforme a las categorías jurídicas de la época.
El documento más significativo llegó al final de la vida de Isabel. El 23 de noviembre de 1504, tres días antes de morir, la reina firmó su codicilo en Medina del Campo. Allí encargó a sus sucesores que los indígenas no sufrieran agravios en sus personas ni en sus bienes y que fueran «bien y justamente tratados».
Por eso resulta inexacto afirmar simplemente que la Monarquía española llegó a América con un proyecto jurídico de esclavización indígena. También sería anacrónico convertir a Isabel en una defensora de los derechos humanos en el sentido moderno.
Lo verdaderamente excepcional está en otro lugar: casi inmediatamente después del descubrimiento surgió dentro de la propia Corona un debate moral y jurídico sobre qué derechos correspondían a los habitantes de aquellas tierras.
Isabel murió en 1504 y no llegó a contemplar las enormes consecuencias de aquel debate. Pero las disposiciones que dejó formarían parte del largo proceso intelectual y legislativo que, durante el siglo XVI, obligaría a la Monarquía Hispánica a preguntarse por los límites de la conquista, la legitimidad del dominio y la condición jurídica de los pueblos americanos.
