Ariana Harwicz (Buenos Aires, 1977) es una de las voces más celebradas de la narrativa en español de las últimas dos décadas. Instalada en Francia desde 2007, su ópera prima Matate, amor (2012) —traducida al inglés en 2017 como Die, My Love— integró la lista larga del Man Booker International 2018 y fue llevada al cine en Cannes en 2025 por Martin Scorsese y Lynne Ramsay, con Jennifer Lawrence. Sus libros, traducidos a más de quince idiomas, incluyen también Degenerado (2019) y Perder el juicio (2024), y en 2024 recibió el Premio Konex a las Letras argentinas. Esta es la autora que la Universidad de Granada acaba de borrar de su cartel a dos días de empezar un festival.
Una escritora, no una embajada
Harwicz fue retirada del festival CULTUR-ALH tras las presiones de la Red Universitaria por Palestina de Granada, que pidió a la organización «reconsiderar» su presencia. La codirectora del festival, Ana Gallego Cuiñas, admitió que la decisión se tomó «en el marco de los compromisos institucionales de la Universidad de Granada respecto a Palestina y los derechos humanos», aclarando que no implicaba «una descalificación de la autora ni de su obra». Si su obra no está en cuestión, lo único que queda en cuestión es su opinión: Harwicz rechaza los boicots culturales, sean contra Israel o —como ha dicho ella misma— contra Rusia al inicio de la guerra de Ucrania. En octubre de 2024 ya había firmado, junto a Lee Child, Bernard-Henri Lévy, Herta Müller y Elfriede Jelinek, una carta contra los boicots a instituciones y creadores israelíes.
Ese fue su único «delito»: no secundar una consigna. Por negarse a hacerlo, una universidad pública —financiada con fondos de todos— decidió que su presencia era incompatible con sus «compromisos institucionales».
El boicot como arma contra la disidencia
El caso de Granada muestra cómo el boicot cultural, presentado como solidaridad con una causa justa, funciona en la práctica como una herramienta de exclusión de quien piensa distinto. A Harwicz no se la señaló por nada escrito sobre el conflicto, sino por no sumarse a una campaña: el boicot actúa así como un test de lealtad ideológica ajeno a la literatura.
La propia autora lo resumió sin rodeos: «Estos aprietes funcionan tan bien porque nadie dice nada. Y porque todos tienen miedo. Incluyendo los profesores de universidad y organizadoras del Festival». Entre los más de sesenta escritores convocados en Granada, ninguno cuestionó públicamente su exclusión: el boicot no solo la silenció a ella, también disciplinó preventivamente al resto.
La organización alegó, además, motivos de seguridad: no podía garantizar su integridad ante posibles manifestaciones. El argumento invierte la responsabilidad, porque aparta a quien recibe la amenaza en lugar de a quien la profiere. Así es como el veto de una minoría movilizada termina imponiéndose sobre la libertad de una institución entera.
Una universidad no puede elegir qué opiniones lícitas admite
Una universidad pública está obligada a respetar todas las opiniones lícitas, coincidan o no con la sensibilidad de su claustro. Esa obligación no es cortesía: es la razón de ser de la institución universitaria, que existe para albergar el desacuerdo, no para administrarlo. Rechazar los boicots culturales es una postura legítima —la sostienen también premios Nobel y autores de referencia mundial— y ninguna universidad puede convertirla en criterio de exclusión sin traicionar su propia función. Cuando una institución académica empieza a filtrar ponentes según si sus opiniones encajan con sus «compromisos» declarados, deja de ser un espacio de pensamiento libre y pasa a ser un aparato de propaganda con financiación pública.
Cancelar a un autor no es un gesto de justicia
Cancelar a una escritora de la trayectoria de Ariana Harwicz por negarse a firmar un boicot no defiende a nadie: demuestra que la intolerancia, disfrazada de causa justa, siempre encuentra quien la aplauda.
