El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha dictado hoy auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Con esta resolución, el magistrado cierra más de dos años de instrucción y sitúa a Gómez en el banquillo, en un proceso que se dirimirá ante un Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Madrid.
Los cargos y el origen del caso
El auto judicial imputa a Gómez dos delitos. El primero, tráfico de influencias, por su papel en gestiones que, según la instrucción, se habrían beneficiado de su posición como esposa del jefe del Ejecutivo. El segundo, malversación de caudales públicos, se desglosa a su vez en dos episodios distintos: el uso presuntamente privado de una empleada pública puesta a su disposición, y el desvío hacia fines particulares de una aplicación informática desarrollada con fondos universitarios. Junto a ella se sienta en el banquillo su asesora, María Cristina Álvarez, a quien el juez atribuye un único delito de malversación como cooperadora necesaria en el episodio del software.
El caso tiene su origen en la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que Gómez impulsó en la Universidad Complutense de Madrid. Según la instrucción, una aplicación informática desarrollada en el marco de esa cátedra —valorada en 113.509 euros— habría terminado en manos privadas en lugar de quedar en poder de la propia universidad. La Complutense, de hecho, reclama ya esa cantidad más intereses como responsabilidad civil a Gómez y Álvarez para el caso de que resulten condenadas, frente a las que ambas deberán responder de forma solidaria. El juez ha ordenado además que se investigue la capacidad económica de Gómez a través de sus declaraciones fiscales.
Con el auto de apertura de juicio oral, la instrucción queda formalmente cerrada. El caso pasa ahora a la Audiencia Provincial de Madrid, donde se constituirá un jurado popular encargado de dictar veredicto. No se ha fijado todavía fecha para el inicio de las sesiones, aunque fuentes jurídicas apuntan a que el juicio no comenzará antes de varios meses, una vez completados los trámites de calificación de las acusaciones y designación del jurado.
Reacciones
La decisión judicial provocó una respuesta inmediata en el tablero político. Desde Moncloa se condenó la resolución, que se enmarcó en una estrategia de «intención política, acoso y deshumanización» contra la familia del presidente, al tiempo que se expresó la confianza en que el jurado popular actúe de manera «ecuánime».
El Partido Popular, por su parte, acusó a Sánchez de haber convertido Moncloa en una «guarida de delincuentes» y reclamó a la pareja presidencial que se «entregue y colabore con la Justicia». Vox fue más allá: su líder, Santiago Abascal, sostuvo que la Presidencia del Gobierno ha «arrastrado al banquillo» delitos «propios de una banda de estafadores».
El caso Begoña Gómez se suma así a otros frentes judiciales que rodean al entorno del Gobierno y que la oposición viene señalando como muestra de un deterioro institucional, mientras el Ejecutivo insiste en calificar la instrucción de Peinado como una causa impulsada por motivaciones ajenas a lo estrictamente judicial.
