La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pasado de la amenaza a la acción. Tras dar un ultimátum al Gobierno para que desalojara la acampada instalada en la Puerta del Sol, y ante lo que considera una «inacción» del delegado del Gobierno en Madrid, el Ejecutivo madrileño ha registrado este jueves en los juzgados una petición de medidas cautelarísimas para lograr la «inmediata disolución» de lo que califica como una «ocupación ilegal» del espacio público.
La protesta, que lleva varios días instalada frente a la sede de la Presidencia regional en pleno centro de Madrid, se enmarca en las movilizaciones contra la crisis de la vivienda y en apoyo a los colectivos que denuncian desahucios, en un momento en el que el Gobierno central tramita en el Congreso sus polémicos decretos de vivienda.
Una petición de urgencia ante los tribunales
Ayuso sostiene que la Delegación del Gobierno, competente para autorizar o retirar este tipo de concentraciones en la capital, ha mirado hacia otro lado pese a las reiteradas quejas vecinales y comerciales por el deterioro de la plaza y las molestias ocasionadas. Fuentes del Gobierno regional explican que la solicitud presentada ante la Justicia busca que un juez ordene de forma urgente el levantamiento del campamento, al entender que se trata de una ocupación del espacio público sin amparo legal y que corresponde al Estado, a través de la Delegación del Gobierno, garantizar su retirada. Ayuso ha insistido en que no puede ordenar directamente a la Policía Nacional —cuerpo dependiente del Ministerio del Interior— que proceda al desalojo, de ahí su decisión de acudir a los tribunales para forzar una respuesta.
Un pulso político en plena crisis de la vivienda
El choque se suma a la batalla que mantienen el Gobierno de Pedro Sánchez y la Comunidad de Madrid en torno a la vivienda, y llega justo cuando los decretos del Ejecutivo central afrontan en el Congreso una votación incierta, con el PP ya anunciado en contra y Junts sin desvelar su posición final. Para Ayuso, la permisividad con la acampada es un símbolo más de lo que considera una gestión errática de la crisis habitacional por parte del Gobierno.
La demanda, de carácter contencioso-administrativo, se dirige directamente contra Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid. El campamento, que nació hace una semana como protesta por el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años, ha crecido hasta superar las 300 tiendas. La Comunidad denuncia además daños al edificio histórico de la Real Casa de Correos y recuerda que Martín sí limitó protestas junto a la sede del PSOE en Ferraz, restricción que los tribunales tumbaron después. El Ayuntamiento, por su parte, acusa al delegado de «dejación de funciones».
