El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictado una sentencia en la que declara ilegales determinados aranceles impuestos por el presidente Donald Trump al considerar que no estaban amparados por la ley federal invocada para su adopción. La decisión se ha adoptado por seis votos a favor y tres en contra.
El caso se centra en el uso por parte del presidente de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una ley aprobada en 1977 que permite al Ejecutivo adoptar determinadas medidas económicas en situaciones de emergencia nacional. Trump utilizó esta norma como base jurídica para imponer aranceles a importaciones procedentes de distintos países.
La interpretación de la ley federal
El Tribunal Supremo ha concluido que la IEEPA no autoriza expresamente al presidente a imponer aranceles. Según la sentencia, la Constitución de Estados Unidos atribuye al Congreso la competencia para establecer impuestos, aranceles y otras medidas fiscales, y cualquier delegación de esta facultad debe estar prevista de forma clara en la legislación.
El fallo establece que la ley invocada por el Ejecutivo no contiene una autorización específica para la imposición de aranceles, por lo que las medidas adoptadas al amparo de esa norma carecen de base legal suficiente.
Qué aranceles quedan afectados
La sentencia afecta a los aranceles generalizados impuestos al amparo de la IEEPA a importaciones procedentes de diversos países, incluidos China, Canadá, México y Estados miembros de la Unión Europea, así como otros gravámenes adoptados en el contexto de emergencias económicas declaradas por el Ejecutivo.
Por el contrario, el fallo no afecta a los aranceles impuestos en virtud de otras leyes federales que sí autorizan expresamente esa facultad, como los aplicados al acero y al aluminio por motivos de seguridad nacional o los adoptados en respuesta a prácticas comerciales consideradas desleales.
Consecuencias jurídicas
La decisión implica que los aranceles afectados por la sentencia no pueden mantenerse sobre la base jurídica utilizada. Asimismo, la resolución abre la posibilidad de que empresas afectadas por dichos aranceles puedan iniciar procedimientos para reclamar cantidades abonadas.
La sentencia establece el criterio del Tribunal Supremo sobre el alcance de las facultades del presidente en relación con la imposición de aranceles cuando se invocan poderes de emergencia económica.
