El Gobierno ha anunciado que España alcanzará el 2% del PIB en seguridad y defensa este año, con una inyección adicional de más de 10.000 millones de euros sin subir impuestos ni recortar otras partidas. Más allá del titular, la magnitud importa: supone acelerar la convergencia con el compromiso OTAN y asegurar la financiación de programas que van de la modernización de plataformas a la soberanía industrial en sectores críticos.
La pregunta operativa es dónde se traduce ese esfuerzo. En el vector aéreo, programas como los A330 MRTT, la renovación de flotas, la defensa antiaérea y la digitalización de mando y control son candidatos obvios. En naval y terrestre, el impulso a capacidades de proyección, sistemas no tripulados y munición inteligente completa el cuadro. Pero el 2% no es solo material: sostenimiento, adiestramiento, personal y ciberdefensa absorben partidas sustantivas.
El efecto reputacional ante aliados es tangible. Una senda creíble hacia el 2% refuerza la posición de España en la toma de decisiones y la asignación de roles en ejercicios y misiones. La llegada de nuevos MRTT y la ampliación de roles de sostenimiento lo ejemplifican: alcance, persistencia y capacidad de evacuación médica en largas distancias son elementos cruciales para la autonomía estratégica española y la participación en operaciones OTAN y UE.
Hay, no obstante, riesgos de ejecución. El cuello de botella no siempre es el dinero; a veces es la capacidad de absorción del sistema: plazos de contratación, carga de trabajo en centros de mantenimiento, disponibilidad de personal cualificado y competencia global por componentes. La promesa del 2% debe acompañarse de reformas que aceleren compras, refuercen la base tecnológica e incentiven la colaboración público-privada. Si ese paquete se materializa, España consolidará su papel como proveedor de seguridad en el flanco sur y socio fiable en iniciativas europeas y OTAN. De lo contrario, la cifra podría quedar en titular sin músculo operativo.
