El conflicto entre Ryanair, Aena y Bruselas se agrava
Ryanair ha confirmado un recorte de 1,2 millones de plazas para el verano de 2026 en varios aeropuertos españoles, en protesta por el aumento de las tasas aeroportuarias de Aena. La medida llega en un momento especialmente tenso para el sector aéreo, justo cuando la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por las multas impuestas a las aerolíneas que cobran por el equipaje de mano.
El Gobierno español defendió esas sanciones como una medida de protección a los consumidores, pero Bruselas considera que viola la normativa comunitaria sobre libertad tarifaria. El Ejecutivo comunitario ha dado dos meses a España para modificar la ley o enfrentarse a sanciones más severas.
Por su parte, Ryanair sostiene que las subidas de tasas aplicadas por Aena encarecen las operaciones, especialmente en los aeropuertos regionales, y ha decidido reducir rutas y frecuencias como respuesta directa. La aerolínea irlandesa denuncia que el coste de operar en España ha crecido más que en otros países europeos y acusa a Aena de “frenar la competitividad” del turismo.
Aeropuertos más afectados por el recorte
La reducción de capacidad afectará principalmente a aeropuertos con menor volumen de tráfico. Entre los más perjudicados figuran Asturias, Jerez, Vigo, Zaragoza, Santander, Valladolid y Vitoria, donde Ryanair eliminará parte o la totalidad de sus rutas. Estas terminales perderán buena parte de su conectividad nacional e internacional, lo que preocupa a los gobiernos autonómicos y al sector turístico local.
En contrapartida, la compañía concentrará su oferta en Madrid, Palma, Málaga y Barcelona, aeropuertos con una mayor rentabilidad y tráfico internacional. El movimiento se enmarca en una estrategia de reubicación de recursos hacia mercados con mejor margen operativo y menores cargas fiscales.
Desde Aena, la respuesta ha sido inmediata: el gestor aeroportuario niega que las tasas sean el motivo real del ajuste y recuerda que el incremento medio aprobado para 2026 es de apenas 30 céntimos por pasajero, una cifra que califica de “insignificante”. Además, subraya que otras aerolíneas están aumentando su capacidad en los aeropuertos donde Ryanair recorta, compensando así parte del impacto.
Bruselas presiona a España por el equipaje de mano
A este escenario se suma la presión de la Comisión Europea, que considera que la ley española que prohíbe cobrar por el equipaje de mano restringe la libertad empresarial y contradice el derecho europeo. El procedimiento de infracción abierto esta semana da un plazo de dos meses al Gobierno para responder y adaptar su normativa.
Si España no modifica la ley, el expediente podría derivar en una denuncia formal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las aerolíneas afectadas —Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea— celebraron la decisión de Bruselas, mientras que las asociaciones de consumidores defienden que el cobro por equipaje básico vulnera el derecho a la información clara sobre el precio final del billete.
Un panorama de turbulencias para el sector aéreo
La combinación de ambos frentes —el conflicto por las tasas y el procedimiento europeo— coloca a España en el centro del debate sobre el equilibrio entre competencia, regulación y derechos del consumidor. El verano de 2026 podría llegar con menos vuelos disponibles y con una nueva batalla entre aerolíneas, reguladores y autoridades nacionales.
La “pelea de altos vuelos” no solo pone a prueba la relación entre España y Bruselas, sino también la capacidad del país para mantener su posición como uno de los principales destinos turísticos de Europa en un momento de tensiones regulatorias y costes crecientes.
