El Papa ha firmado en Roma los decretos que reconocen el martirio de once católicos españoles asesinados por su fe durante la Guerra Civil, víctimas directas de la persecución religiosa desatada en 1936. La Iglesia ha declarado que todos ellos murieron por odio a la fe (odium fidei), lo que permite su beatificación sin necesidad de acreditar un milagro.
La causa está integrada mayoritariamente por jóvenes seminaristas del Seminario de Madrid, junto con un sacerdote y un laico, asesinados en distintos episodios de la violencia anticristiana en Madrid y su entorno. En la mayoría de los casos se trataba de muchachos sin militancia política, cuyo único rasgo común era su condición religiosa y su fidelidad a la fe católica.
Una generación truncada por la persecución religiosa
Entre los once mártires figuran nueve seminaristas, con edades comprendidas entre los 18 y los 23 años, que se encontraban en plena formación hacia el sacerdocio cuando estalló la guerra. Tras el cierre de seminarios, la quema de iglesias y la prohibición del culto, muchos de ellos se refugiaron en domicilios particulares o vivieron ocultos durante semanas, hasta ser detenidos.
Algunos fueron arrestados en registros domiciliarios; otros, tras delaciones o simples controles en la vía pública. Varios terminaron en cárceles y checas madrileñas y fueron posteriormente asesinados en las sacas de Paracuellos del Jarama, uno de los episodios más sangrientos de la represión anticlerical.
Los nombres y su testimonio
Ignacio Aláez Vaquero, seminarista de 22 años, fue detenido en Madrid junto a su padre y asesinado en noviembre de 1936, manteniendo la serenidad y la fe hasta el final.
Pablo Chomón Pardo, seminarista de teología de 21 años, fue detenido y asesinado el 8 de agosto de 1936, en los primeros compases de la persecución.
Julio Pardo Pernía, sacerdote diocesano de 63 años y tío de Pablo, ejercía como capellán de las Hermanas Hospitalarias en Ciempozuelos. Fue detenido por su ministerio sacerdotal y asesinado el mismo día que su sobrino.
Antonio Moralejo Fernández-Shaw, seminarista de 19 años, fue detenido en su domicilio. Su padre, Liberato Moralejo Juan, decidió acompañarlo voluntariamente al arresto. Ambos compartieron prisión y fueron asesinados en Paracuellos del Jarama en noviembre de 1936.
Liberato Moralejo Juan, laico, dio un testimonio excepcional al no abandonar a su hijo, aceptando conscientemente el mismo destino.
Jesús Sánchez Fernández-Yáñez, seminarista de 21 años, vivió oculto tras el cierre del seminario, pero fue finalmente detenido y asesinado por su fe.
Miguel Talavera Sevilla, de solo 18 años, era uno de los más jóvenes. Fue detenido por su condición religiosa y asesinado sin haber llegado a recibir órdenes sagradas.
Ángel Trapero Sánchez-Real, seminarista de teología de 20 años, fue arrestado en Madrid tras ser identificado como futuro sacerdote y asesinado tras su cautiverio.
Cástor Zarco García, subdiácono de 23 años, fue obligado a cavar su propia fosa antes de ser ejecutado, en uno de los episodios más brutales de esta persecución.
Mariano Arrizabalaga Español, seminarista de la diócesis de Barbastro, fue detenido en Madrid y asesinado lejos de su tierra natal.
Ramón Ruiz Pérez, subdiácono de 24 años, natural de la archidiócesis de Toledo, fue trasladado a Madrid en uno de los convoyes de presos conocidos como el “tren de la muerte” y allí asesinado.
Un acto de justicia y memoria
La firma de estos decretos de beatificación fija una verdad histórica incontestable: estas personas fueron asesinadas exclusivamente por su fe. No se trata de cifras ni de categorías abstractas, sino de vidas concretas, con nombre y apellido, truncadas por el fanatismo ideológico.
La Iglesia hace justicia al devolver nombre, dignidad y memoria a quienes fueron asesinados únicamente por su fe.
