El Gobierno plantea prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años con el argumento de que no tienen la madurez suficiente para gestionar sus riesgos. Sin embargo, en ese mismo marco legal, una joven de 16 años puede abortar sin el consentimiento de sus padres, pero sí con el del Gobierno.
Según el planteamiento, una adolescente no está preparada para decidir si abre una cuenta en Instagram o hace uso de ella, pero sí lo está para tomar una decisión de enormes consecuencias físicas y, en muchos casos, psicológicas, además de morales.
Es evidente que nos encontramos ante una contradicción en el criterio que utiliza el Gobierno para definir la madurez y la autonomía personal. No se puede ser menor para lo que incomoda al poder y adulto para lo que encaja con su ideología. Cuando interesa controlar son “niños”; cuando interesa apartar a la familia, son “autónomos”, de manera que, claramente, esto se aleja mucho de proteger al menor; más bien nos encontramos de nuevo con una ley oportunista y sectaria.
Pero esto no queda ahí: otra de las medidas anunciadas en este paquete “legal” es hacer responsables legalmente a las plataformas. Concretamente, pretenden “hacer responsables legalmente a los ejecutivos por lo que ocurra en sus plataformas”, lo que nos lleva a una situación de censura sin límites. Porque, ¿quién decide dónde está la línea roja? Por otro lado, afirma que va a crear un sistema para “medir cómo las plataformas fomentan la división”, por lo que la cuestión clave no es técnica, es política.
¿Quién decide qué es polarización y qué es debate político? Porque la polarización no es un concepto objetivo, como la velocidad o la temperatura; es una etiqueta que, cuando la maneja el poder, se convierte en un arma contra la libertad de expresión.
Tengamos en cuenta que en democracia lo normal es el desacuerdo y, además, el conflicto de ideas es sano. Un debate no es odio, pero, claro, hablamos de socialismo real donde todo lo que cuestione, moleste o incomode se considera problemático para sus intereses. Eso es muy peligroso, porque no todo lo que genera enfado es odio, ni todo lo que polariza es ilegítimo. La política, por definición, polariza, porque cualquiera de nosotros puede tener visiones opuestas según la realidad que viva.
Por lo tanto, ¿buscan combatir delitos o desactivar a la disidencia envolviéndolo en lenguaje técnico y moral? Porque cuando el poder habla de discursos aceptables, narrativas dañinas o impacto social del mensaje, lo que parece no es una regulación neutral, sino censura selectiva. Si el Gobierno quiere medir lo que divides, es porque decide lo que se puede decir.
El odio se combate con el Estado de derecho, que se sustenta en la ley y los jueces. La censura comienza cuando el poder político se erige en árbitro de la verdad y del tono del debate. Los regímenes autoritarios no nacen diciendo “vamos a censurar”. Nacen diciendo exactamente lo que estamos oyendo ahora: proteger, regular, combatir el odio, evitar la división. En China, curiosamente, el Estado habla de “armonía social”; en Rusia, de “estabilidad”; en Venezuela, de “defensa del pueblo”; y en todos los casos el resultado es el mismo: control y vulneración de la libertad individual.
Multas, responsabilidad penal, amenaza regulatoria, persecución. Cuando un Gobierno insiste en que no sabemos expresarnos, no sabemos informarnos ni debatir sin odiar, realmente lo que está diciendo es que “la libertad es peligrosa si no la gestionamos nosotros”. Y es que el autoritarismo teme la disidencia. No hace falta una dictadura para perder libertades; basta con normalizar que el poder decida qué opiniones y expresiones valen o cuáles sobran.
Citaba Hannah Arendt que “el totalitarismo no necesita convencer, solo acostumbrar”. Y en esas están. ¿Reaccionaremos?
