El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha anunciado la creación de una herramienta llamada HODIO (Huella del Odio y la Polarización) destinada, según se dice, a medir el “discurso de odio” en las redes sociales.
Conviene recordar una lección bastante elemental de la historia política: no nos podemos fiar de los políticos que pretenden medir el odio de los demás. Porque quienes aspiran a convertirse en árbitros del discurso público rara vez resisten la tentación de utilizar ese poder contra sus adversarios o contra quienes cuestionan sus decisiones.
La tentación del poder de vigilar el discurso
La historia demuestra que los gobiernos siempre han tenido la tentación de vigilar el discurso público. Hoy no se habla de censura, sino de “monitorización”, “huella” o “observatorios”. Cambia el vocabulario, pero la lógica es parecida: clasificar las opiniones, etiquetarlas y señalar cuáles son aceptables y cuáles deben ser combatidas.
Además, la propuesta introduce otro problema: la burocratización del pensamiento. Se pretende que expertos, algoritmos o comités determinen el grado de polarización de la conversación pública. Pero el debate político en una democracia es necesariamente áspero, duro y conflictivo. Pretender medirlo como si fuera una variable técnica equivale a confundir la política con una hoja de cálculo.
La libertad de expresión frente al odiómetro
Existe también el riesgo de asimetría ideológica. En los últimos años el término “discurso de odio” se ha aplicado casi siempre en una dirección concreta del espectro político, mientras que otras formas de agresividad verbal quedan fuera del foco. Cuando el árbitro del debate es el propio poder político, la sospecha de parcialidad resulta inevitable.
Una democracia madura no necesita odiómetros, necesita ciudadanos libres capaces de debatir y discrepar sin miedo a ser etiquetados por un aparato estatal que evalúe su discurso. La libertad de expresión consiste, precisamente, en poder decir lo que al poder no le gusta escuchar.
