Cada cierto tiempo, especialmente cuando una resolución judicial resulta incómoda para sectores izquierdistas, reaparece una expresión: la de los «jueces franquistas». El término se utiliza con frecuencia para desacreditar sentencias, cuestionar investigaciones judiciales o sembrar dudas sobre la imparcialidad de los tribunales.
Una acusación que no resiste los datos
Francisco Franco falleció en noviembre de 1975. Han transcurrido más de cincuenta años desde entonces. La edad de jubilación forzosa de jueces y magistrados en España es de 70 años, por lo que resulta evidente que ningún juez que ejerciera jurisdicción durante la dictadura puede seguir en activo en la actualidad.
Un juez que hubiera tenido 25 años en 1975 tendría hoy alrededor de 76 años. Incluso alguien que hubiera accedido excepcionalmente joven a la carrera judicial habría superado hace tiempo la edad de jubilación. Por tanto, hablar de «jueces franquistas» en sentido literal carece de fundamento.
La inmensa mayoría de los jueces que hoy integran la carrera judicial han desarrollado toda su trayectoria profesional bajo el marco de la Constitución de 1978. Muchos ni siquiera habían terminado sus estudios cuando España inició la Transición democrática.
Deslegitimar al árbitro cuando no gusta el resultado
La utilización de la etiqueta «franquista» suele responder a una estrategia política muy concreta: desacreditar al juez cuando no se comparte una resolución. En lugar de rebatir jurídicamente una sentencia o utilizar los recursos previstos por la ley, se recurre a la descalificación personal o ideológica del magistrado.
Esta práctica resulta especialmente preocupante porque erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones. En una democracia consolidada, las resoluciones judiciales pueden ser criticadas, discutidas e incluso recurridas. Lo que no debería hacerse es presentar sistemáticamente a los jueces como enemigos políticos cuando sus decisiones no coinciden con los intereses de una determinada parte.
La independencia judicial exige que los magistrados apliquen la ley aunque sus resoluciones resulten impopulares. Convertir cualquier decisión controvertida en una supuesta manifestación de franquismo supone trivializar lo que fue realmente una dictadura y empobrecer el debate público.
Además, el uso indiscriminado de esta acusación termina vaciando de significado el propio término. Si todo juez que dicta una resolución incómoda es «franquista», la palabra deja de describir una realidad histórica para convertirse en una simple herramienta de combate político.
Las democracias sólidas necesitan jueces independientes y ciudadanos capaces de distinguir entre una discrepancia jurídica y una descalificación ideológica. Más de medio siglo después de la muerte de Franco, quizá haya llegado el momento de abandonar ciertos clichés y discutir las resoluciones judiciales por su contenido, no por etiquetas que los hechos ya no sostienen.
