La Audiencia Nacional ha citado como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero dentro de la investigación sobre el rescate público concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. La decisión judicial supone un terremoto político de primer nivel y sitúa por primera vez a un exjefe del Ejecutivo español bajo investigación formal en una causa de corrupción en la Audiencia Nacional.
El juez instructor investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal relacionados con la concesión de ayudas públicas a la compañía aérea, que recibió 53 millones de euros procedentes del fondo de rescate para empresas estratégicas.
Registros y citación judicial
Según las informaciones conocidas este martes, agentes de la UDEF habrían practicado registros en oficinas vinculadas al entorno del expresidente y en varias sociedades relacionadas con actividades de consultoría internacional. Además, Zapatero ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio en calidad de investigado.
La investigación pretende esclarecer si existieron intermediaciones o contratos simulados relacionados con el rescate de Plus Ultra y si determinadas personas obtuvieron beneficios económicos derivados de la operación aprobada por el Gobierno durante la crisis sanitaria.
Fuentes cercanas al expresidente niegan cualquier irregularidad y sostienen que todas las actividades profesionales desarrolladas por Zapatero fueron legales, transparentes y declaradas ante Hacienda.
Un golpe político de enorme impacto
La noticia ha provocado una inmediata reacción en el panorama político nacional. Partidos de la oposición han exigido explicaciones al Gobierno y han reclamado conocer el grado de relación existente entre el Ejecutivo y las operaciones bajo sospecha investigadas por la Audiencia Nacional.
El caso Plus Ultra ya generó una intensa polémica política cuando se aprobó el rescate de la aerolínea, debido a las dudas sobre el carácter estratégico de la compañía y sobre su situación financiera previa a la concesión de las ayudas públicas.
Ahora, la imputación del expresidente añade una nueva dimensión al procedimiento judicial y amenaza con convertir el caso en uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años en España.
