La plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao ha acordado continuar el procedimiento para la apertura de juicio oral contra siete exmonjas de Belorado por hechos que podrían constituir delitos de abandono, omisión del deber de socorro, coacciones, trato degradante o contra la integridad moral, además de delitos patrimoniales como administración desleal y apropiación indebida.
La resolución judicial pone el foco en el trato que habrían recibido cinco religiosas de avanzada edad, de entre 87 y 101 años, en el monasterio de Orduña, en Bizkaia. Una de ellas falleció posteriormente. Según el auto, existen indicios suficientes para seguir adelante con el procedimiento penal y trasladar las diligencias al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para que soliciten formalmente la apertura de juicio oral o, en su caso, el archivo de la causa.
La magistrada ha acordado, sin embargo, el sobreseimiento provisional respecto de una octava investigada al considerar que no ha quedado acreditada una participación activa en los hechos investigados.
Informes sobre falta de higiene y abandono
El auto recoge diversos informes elaborados durante la instrucción que describen una situación preocupante dentro del monasterio. Según la documentación incorporada a la causa, existía “una falta de higiene extendida por todo el monasterio” y las monjas ancianas “no estaban siendo atendidas adecuadamente”.
La jueza considera que de esos informes se desprende un posible incumplimiento del deber de cuidado por parte de quienes tenían bajo su responsabilidad a las religiosas mayores, personas especialmente vulnerables por su edad y estado de dependencia.
La resolución sostiene que el trato dispensado podría haber supuesto un menoscabo de la dignidad de las afectadas. En concreto, el auto apunta a la existencia de un posible “trato humillante”, incompatible con las obligaciones de asistencia y protección hacia personas dependientes bajo custodia.
Además, los informes forenses incorporados a la causa reflejan que varias de las religiosas sufrían una importante merma de facultades y dificultades de comprensión en cuestiones económicas, circunstancia que adquiere relevancia en la parte patrimonial de la investigación.
Sospechas sobre el uso de cuentas bancarias
La investigación judicial también ha analizado documentación bancaria relacionada con las cuentas de las religiosas mayores. Según recoge el auto, existen indicios de que dichas cuentas habrían sido utilizadas “en beneficio propio” por parte de las investigadas y para la gestión de sus negocios.
La magistrada señala que no consta que los fondos de las cuentas de las exmonjas investigadas se destinaran al sostenimiento de la comunidad religiosa, mientras que sí se habrían utilizado recursos pertenecientes a las religiosas ancianas.
El auto añade que esta gestión económica no era conocida ni podía ser consentida válidamente por las monjas mayores debido a su deterioro cognitivo y a su situación de vulnerabilidad.
Respecto al fallecimiento de una de las religiosas pocas semanas después de abandonar el monasterio de Orduña, la jueza explica que los hechos podrían haber dado lugar a diligencias por un posible homicidio imprudente. No obstante, señala que la existencia de patologías y concausas previas impide, por el momento, sostener suficientemente esa imputación.
La resolución no es firme y puede ser recurrida mediante recurso de reforma ante el propio juzgado o de apelación ante la Audiencia de Bizkaia.
