El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, ha dado un nuevo vuelco al escenario político y judicial tras acordar la apertura de una pieza separada en el marco de la investigación que afecta al entorno del presidente del Gobierno. En esta ocasión, el foco se sitúa directamente sobre el empresario Juan Carlos Barrabés, a quien el magistrado señala por la presunta comisión de delitos de prevaricación y fraude relacionados con la adjudicación y gestión de fondos europeos.
La decisión del instructor se produce tras analizar la documentación recabada en los últimos meses sobre los expedientes de contratación de las compañías de Barrabés. El origen de las sospechas reside en las cartas de recomendación firmadas en su día por la esposa del presidente, Begoña Gómez, que sirvieron de respaldo en diversos concursos públicos. Con esta nueva ramificación, el juez busca delimitar si existió una adjudicación de contratos dirigida a favorecer al empresario y si se gestionaron de forma irregular las partidas comunitarias destinadas a dichos proyectos.
Sospechas de trato de favor en contratos públicos
La nueva línea de investigación trata de desentrañar si los fondos de la Unión Europea asignados a las empresas de Barrabés cumplieron rigurosamente con la normativa de contratación. El juez Peinado sospecha que las licitaciones bajo la lupa pudieron estar condicionadas, lo que constituiría un presunto delito de prevaricación administrativa y fraude a la administración pública.
El entorno del empresario aragonés, por su parte, mantiene una postura de absoluta tranquilidad y ha reiterado su total disposición a colaborar con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos. Su defensa técnica insiste en la pulcritud de todos los procesos administrativos en los que han participado y niega de manera categórica cualquier tipo de trato de favor o influencia política en la adjudicación de los contratos públicos señalados.
Moncloa denuncia una persecución y critica el «furor» judicial
La respuesta del Ejecutivo no se ha hecho esperar, elevando de forma notable el tono de confrontación con el magistrado madrileño. Desde los sectores del Gobierno se ha calificado la resolución como una maniobra «inaudita» y se critica con dureza el «furor» del juez Peinado al abrir esta nueva vía penal sin, a su juicio, indicios sólidos que la sustenten.
Fuentes de la Moncloa insisten en que se está llevando a cabo una «causa prospectiva», una práctica prohibida por la legislación española que consiste en investigar de forma genérica la vida o actividades de una persona para ver si se encuentra algún delito. Según el entorno socialista, esta resolución se enmarca en una campaña de desgaste político continuo contra Pedro Sánchez, destinada a estirar de forma artificial el recorrido de un caso que carece de base jurídica real.
