La reciente polémica surgida tras el auto dictado por el juez Juan Carlos Peinado en la causa seguida contra Begoña Gómez ha reabierto un debate tan antiguo como necesario: ¿hasta dónde llega la independencia judicial y en qué circunstancias puede exigirse responsabilidad disciplinaria a un juez por el contenido de una resolución?
Las críticas no se han centrado únicamente en las medidas cautelares acordadas por el magistrado, sino también en determinadas afirmaciones contenidas en el propio auto. Algunos sectores consideran que esas expresiones exceden la fundamentación jurídica necesaria y han solicitado que el Consejo General del Poder Judicial examine la actuación del juez.
Sin embargo, conviene distinguir dos cuestiones completamente diferentes. Una cosa es discrepar de una resolución judicial y otra muy distinta es sostener que el juez ha cometido una infracción disciplinaria.
Los recursos existen para combatir las resoluciones
En un Estado de derecho, cuando una de las partes considera que un auto o una sentencia es erróneo, dispone de mecanismos procesales para impugnarla. Los recursos ante tribunales superiores son la vía ordinaria para revisar las decisiones judiciales.
Si se admitiera que cualquier resolución controvertida pudiera dar lugar a expedientes disciplinarios contra el juez que la dicta, la independencia judicial quedaría seriamente comprometida. Los magistrados se verían sometidos a presiones constantes por parte de quienes resultaran perjudicados por sus decisiones.
La Constitución protege precisamente esa independencia para garantizar que los jueces resuelvan conforme a su interpretación del derecho y de las pruebas practicadas, sin temor a represalias políticas, mediáticas o institucionales.
Cuando el problema no es la decisión, sino la forma de expresarla
La cuestión planteada en el caso del juez Peinado es más compleja. Quienes cuestionan su actuación no sostienen únicamente que las medidas cautelares sean incorrectas, sino que determinadas manifestaciones contenidas en el auto podrían resultar impropias de una resolución judicial.
La Ley Orgánica del Poder Judicial contempla supuestos excepcionales en los que un juez puede ser sancionado disciplinariamente. No se trata de castigar interpretaciones jurídicas discutibles, sino conductas que vulneren gravemente los deberes profesionales inherentes a la función jurisdiccional.
Entre ellas figura la denominada ignorancia inexcusable, es decir, el desconocimiento evidente e injustificable de normas jurídicas básicas o de doctrina consolidada.
También puede dar lugar a responsabilidad la ausencia absoluta de motivación en una resolución cuando así haya sido declarado previamente por una resolución firme.
Y existe igualmente la posibilidad de sancionar el uso de expresiones ofensivas, improcedentes o innecesarias para la fundamentación jurídica del fallo. Este último supuesto es el que ha sido invocado por algunos de los críticos del auto dictado por el magistrado.
Una vía disciplinaria excepcional
Ahora bien, la existencia de estos tipos disciplinarios no significa que cualquier frase polémica pueda justificar una sanción. La jurisprudencia ha mantenido tradicionalmente una interpretación muy restrictiva de estas infracciones para evitar que el régimen disciplinario se convierta en una herramienta destinada a controlar el contenido de las resoluciones judiciales.
La razón es evidente. Los jueces deben poder expresar los razonamientos que les conducen a una determinada decisión sin temor a ser expedientados cada vez que una de las partes considere excesiva o desacertada una expresión utilizada en la fundamentación.
Por ello, la eventual responsabilidad disciplinaria exige la concurrencia de circunstancias excepcionales y no puede basarse en una mera discrepancia sobre el tono, el estilo o la contundencia de un razonamiento jurídico.
Independencia judicial y responsabilidad
La independencia judicial no supone impunidad. Los jueces están sometidos a la ley y pueden ser sancionados cuando incumplen gravemente sus obligaciones profesionales. Pero tampoco puede convertirse el régimen disciplinario en una vía alternativa para combatir resoluciones que no gustan a una de las partes o a determinados sectores políticos.
El equilibrio entre independencia y responsabilidad constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. Las resoluciones judiciales deben ser revisadas mediante los recursos previstos por el ordenamiento. Las sanciones disciplinarias, por el contrario, deben quedar reservadas para aquellos casos excepcionales en los que exista una auténtica infracción profesional.
Ese principio protege no solo a los jueces, sino también a los ciudadanos, pues garantiza que quienes tienen la responsabilidad de juzgar puedan hacerlo con plena libertad de criterio y sin presiones externas de ninguna naturaleza.
