La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia histórica en la causa especial 20775/2020, conocida como el caso Koldo o caso mascarillas, condenando al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García por una amplia batería de delitos relacionados con corrupción, tráfico de influencias, cohecho, malversación y organización criminal.
La resolución considera acreditado que ambos formaron parte de una organización criminal junto al empresario Víctor de Aldama, creada con el objetivo de aprovechar la posición de poder que ocupaba Ábalos dentro del Gobierno y del PSOE para obtener beneficios económicos mediante adjudicaciones públicas, contrataciones irregulares y diversas gestiones ante organismos de la Administración.
Más de 24 años de prisión para Ábalos
El Tribunal Supremo condena a José Luis Ábalos a un total de 24 años y tres meses de prisión por delitos de organización criminal, cohecho continuado, varios delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y otros delitos de cohecho. No obstante, debido a los límites establecidos por el Código Penal para el cumplimiento efectivo de condenas, el tiempo máximo que deberá cumplir en prisión queda fijado en dieciséis años y seis meses.
La sentencia considera probado que Ábalos era el principal responsable de la trama. Según los magistrados, aportaba la autoridad derivada de su condición de ministro y secretario de Organización del PSOE, utilizando su posición para favorecer intereses privados a cambio de contraprestaciones económicas.
Los jueces concluyen que recibió pagos periódicos, ventajas patrimoniales y diversas dádivas, entre ellas el alquiler de una vivienda para su entonces pareja Jessica Rodríguez, el uso gratuito de inmuebles y vacaciones sufragadas por personas beneficiadas por las gestiones realizadas desde el Ministerio.
Koldo García, condenado a casi veinte años
Por su parte, Koldo García ha sido condenado a diecinueve años, ocho meses y un día de prisión. El Supremo destaca que desempeñó un papel fundamental dentro de la organización, actuando como intermediario entre Ábalos, Aldama y las personas o empresas interesadas en obtener favores de la Administración.
La sentencia sostiene que Koldo participó activamente en la adjudicación de contratos públicos, gestionó la obtención de dádivas, intervino en contrataciones en empresas públicas y ejerció influencia sobre numerosos organismos dependientes del Ministerio de Transportes.
Aunque el Tribunal considera que su implicación fue especialmente intensa, le impone una pena inferior a la de Ábalos por ocupar una posición subordinada respecto al entonces ministro.
El episodio de las mascarillas
Uno de los capítulos centrales de la sentencia se refiere a la adquisición de mascarillas durante la pandemia de COVID-19.
Según los hechos probados, la organización utilizó su influencia para favorecer a la empresa Soluciones de Gestión en contratos adjudicados por ADIF y Puertos del Estado. Los magistrados consideran acreditado que la empresa conocía con antelación detalles esenciales de las operaciones y que los acusados esperaban obtener importantes beneficios económicos derivados de dichas adjudicaciones.
Por estos hechos, Ábalos y Koldo son condenados por delitos de tráfico de influencias y cohecho.
Contrataciones irregulares en empresas públicas
La resolución también analiza diversas contrataciones realizadas en entidades públicas vinculadas al Ministerio.
El Tribunal considera probado que ambos acusados impulsaron la contratación de Claudia Montes en LOGIRAIL y que intervinieron posteriormente para evitar consecuencias disciplinarias derivadas de sus ausencias laborales.
Además, concluye que Jessica Rodríguez fue contratada primero por INECO y después por TRAGSATEC con el objetivo de percibir salarios procedentes de fondos públicos sin desempeñar trabajo efectivo alguno. Por este motivo, Ábalos y Koldo son condenados también por malversación de caudales públicos.
Vacaciones, viviendas y otras dádivas
La sentencia considera igualmente acreditado que Ábalos disfrutó de diversas ventajas patrimoniales vinculadas a las gestiones realizadas por la organización.
Entre ellas figuran unas vacaciones familiares en una villa de Marbella costeadas por personas relacionadas con la trama, así como el uso gratuito de un chalet en la urbanización de La Alcaidesa.
Para el Tribunal, estas ventajas constituyen dádivas recibidas en consideración a las actuaciones realizadas desde el ejercicio de funciones públicas, por lo que integran distintos delitos de cohecho.
Víctor de Aldama evita la prisión
La situación de Víctor de Aldama es muy diferente. Aunque también ha sido condenado por organización criminal y varios delitos de cohecho, la pena impuesta es notablemente inferior debido a su colaboración con la Justicia.
La sentencia aprecia una atenuante muy cualificada de confesión y colaboración. Los magistrados destacan que Aldama aportó documentación, reconoció su participación en los hechos, incriminó a los demás responsables y facilitó información que permitió reconstruir el funcionamiento de la organización.
El Supremo llega a afirmar que su colaboración fue decisiva para esclarecer los hechos y para identificar a los distintos integrantes de la trama. Gracias a esta circunstancia, las penas fueron rebajadas en uno y dos grados respecto a las inicialmente previstas.
Como consecuencia de esa reducción, la condena impuesta a Aldama no implica su ingreso efectivo en prisión, siempre que mantenga las condiciones establecidas judicialmente y no incurra en nuevas responsabilidades penales.
Una sentencia de enorme relevancia política
Más allá de las condenas concretas, la resolución dedica numerosas páginas a reflexionar sobre los efectos de la corrupción en un Estado democrático.
El Tribunal Supremo subraya que los hechos no afectan únicamente al patrimonio público, sino que dañan gravemente la confianza de los ciudadanos en las instituciones. La sentencia recuerda que uno de los condenados era ministro del Gobierno de España y uno de los máximos dirigentes del partido que sustentaba al Ejecutivo.
Para los magistrados, la utilización del poder político para favorecer intereses particulares constituye una de las formas más graves de corrupción pública, pues erosiona la igualdad de los ciudadanos ante la ley y socava los fundamentos del sistema democrático.
Con esta resolución, el Tribunal Supremo cierra uno de los procedimientos por corrupción política más relevantes de los últimos años y dicta una de las condenas más severas impuestas a un exministro en la historia reciente de la democracia española.
