«Okupar» tu casa puede traerte problemas. El fenómeno de la okupación ilegal en España sigue siendo uno de los debates más inflamables de la opinión pública, pero hay una línea roja invisible que muchos propietarios, desesperados por la lentitud de los juzgados, están cruzando con consecuencias desastrosas. La tentación es obvia: si los okupas se van de vacaciones o dejan la vivienda vacía unas horas, parece de sentido común entrar, cambio la cerradura y recuperar lo legítimamente tuyo. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico español, lo que dicta la lógica choca frontalmente con el Código Penal. Tomarse la justicia por su mano es la vía más rápida para que la víctima acabe convertida en delincuente.
La delgada línea entre recuperar lo propio y cometer un delito
El gran error de cálculo radica en olvidar que el Estado monopoliza el uso de la fuerza y prohíbe la autotutela. Cuando un propietario decide forzar una ventana, romper un candado o sustituir el bombín aprovechando la ausencia de los moradores ilegales, comete un delito flagrante de realización arbitraria del propio derecho. Pero el verdadero calvario empieza cuando se cruza el umbral de la puerta. La jurisprudencia penal es tajante: el concepto constitucional de «morada» protege la intimidad del espacio donde una persona desarrolla su vida cotidiana, con absoluta independencia de si su título de posesión es legítimo o no. Por paradójico que resulte, si los okupas ya se han instalado, esa casa es legalmente su domicilio, y asaltarla se castiga como un allanamiento de morada con penas que van de los seis meses a los dos años de prisión.
Las consecuencias colaterales de la recuperación unilateral
La estrategia de los «hechos consumados» rara vez sale bien. Quienes optan por cortar los suministros de agua, luz o gas para asfixiar la estancia de los intrusos se encuentran de inmediato con querellas por coacciones, tipificadas con hasta tres años de cárcel. A esto se suma la táctica habitual de las mafias y okupas profesionales: las denuncias cruzadas. Al verse fuera, no dudan en declarar ante la policía que en el interior de la vivienda custodiaban grandes sumas de dinero en efectivo, tecnología o joyas que han desaparecido tras el asalto del dueño, abriendo una causa por robo o hurto que enreda al propietario en un laberinto judicial del que es durísimo salir.
A pesar de la frustración que genera la lentitud burocrática del desahucio exprés o de la vía penal ordinaria por usurpación, la doctrina de los tribunales no deja margen de maniobra. La propiedad privada jamás puede defenderse dinamitando el propio código penal. El riesgo de pasar de damnificado a condenado es real, y el precio a pagar por un impulso de indignación es demasiado alto.
