El Ministerio de Defensa ha rechazado suspender de forma cautelar al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, tras su reciente imputación por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. La decisión, firmada por la ministra Margarita Robles, responde a la solicitud de apertura de expediente disciplinario y cese inmediato presentada por el partido Iustitia Europa, que ejerce la acusación en la causa. El Gobierno sostiene que se mantendrá a la espera de la evolución procesal y que no adoptará medidas sancionadoras mientras no existan resoluciones firmes o peticiones judiciales directas.
La resolución de Defensa se produce en el marco del denominado «caso Leire», instruido por el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. La investigación penal busca esclarecer si existieron directrices internas destinadas a entorpecer las pesquisas de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) encargados de indagar en presuntas tramas de corrupción vinculadas al entorno del Ejecutivo, así como posibles represalias laborales contra los propios investigadores de la institución.
Criterios jurídicos del rechazo administrativo
La argumentación emitida por el departamento de Margarita Robles para justificar la continuidad del teniente general Llamas en la cúpula del cuerpo se fundamenta en la falta de documentación judicial formal. El escrito administrativo señala que, a pesar de que el ministerio ostenta las competencias para sancionar las faltas muy graves, no se ha recibido de manera oficial ninguna providencia, auto o testimonio de las actuaciones procedentes del juzgado instructor.
La defensa jurídica de la institución subraya que la ausencia de este traslado impide al ministerio contar con los elementos de juicio materiales necesarios para evaluar una separación del servicio en esta fase embrionaria del proceso. Asimismo, la resolución determina que la acusación popular carece de legitimación activa para exigir de forma directa la incoación de un expediente disciplinario de régimen interno, reservado a las autoridades administrativas competentes o a los mandos jerárquicos del instituto armado.
Calendario judicial y exigencias en el Congreso
La ratificación de las funciones del DAO por parte de Defensa, sumada al respaldo previo otorgado por el Ministerio del Interior tanto a Llamas como a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha intensificado el debate en las Cortes. Los principales partidos de la oposición han calificado de grave la permanencia de la cúpula del cuerpo policial en estas circunstancias, reclamando la destitución inmediata de los mandos afectados y el adelanto de las elecciones generales.
El escenario institucional quedará condicionado por el calendario fijado en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz ha citado a declarar en calidad de investigados al teniente general Manuel Llamas y a la directora Mercedes González el próximo 16 de julio, fecha en la que comparecerán ante el órgano judicial para responder por los indicios acumulados en la causa.
