Las Fiestas de Nuestra Señora de la Consolación de Pozuelo de Alarcón se prolongan este año durante más de una semana en la parcela provisional de la Avenida de Europa, después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24 de Madrid rechazara, el pasado julio, las medidas cautelares solicitadas por la asociación vecinal POZCAVIR para impedir su celebración en ese emplazamiento. El Ayuntamiento ha desplegado este año un dispositivo de seguridad extraordinario (130 policías municipales en los días de mayor afluencia, Policía Nacional, vigilantes privados, unidad canina, Protección Civil y Bomberos) para contener los problemas que, según reconoció la propia Policía Municipal en una reunión con vecinos, se produjeron el año pasado por improvisación.
Y no es un reconocimiento menor. La edición de 2025 de las fiestas, celebrada del 6 al 14 de septiembre en ese mismo recinto, dejó un balance que la propia asociación POZCAVIR calificó de «enorme malestar»: ocho días de música que se prolongaron hasta la madrugada, ruidos extremos dentro de las viviendas, peleas, botellones, destrozos en vehículos y jardines, insalubridad en las calles, varios casos de coma etílico entre jóvenes y cargas policiales dentro del propio recinto, con agentes heridos en los altercados. El Ayuntamiento, por su parte, reconoció las molestias en el Pleno municipal, aunque las calificó de «puntuales» y destacó que se atendió a un tercio menos de menores por consumo de alcohol en la vía pública respecto al año anterior. Sea cual sea la lectura política, los hechos de 2025 son la razón directa por la que este año se ha reforzado de forma extraordinaria el dispositivo de seguridad: no es previsión, es corrección de un problema ya ocurrido.
Pero hay una pregunta que nadie en el Consistorio parece plantearse: ¿tiene sentido mantener casi diez días de fiestas multitudinarias, con conciertos nocturnos y aglomeraciones, en un municipio cuya población activa trabaja mayoritariamente en Madrid y no en Pozuelo?
Un calendario pensado para quien viene de fuera, no para el vecino
Pozuelo de Alarcón es un municipio con vida propia, buenos colegios, comercio y servicios, aunque la mayoría de sus vecinos en edad laboral trabaje en Madrid capital. Precisamente por eso necesita, entre semana, descanso y tranquilidad para quienes madrugan cada día para desplazarse a trabajar fuera del municipio. Extender las fiestas patronales durante más de una semana, con conciertos y actividades que se prolongan hasta la madrugada, no es un capricho inocuo: es imponer a miles de personas un sobrecoste de ruido, tráfico cortado y alteración del descanso, en beneficio sobre todo de personas ajenas al municipio a las que atrae este tipo de eventos y que, una vez terminada la fiesta, no cargan con ninguna de sus consecuencias. El vecino de Pozuelo paga el coste; el foráneo se lleva el concierto y se va.
A esto se suma el testimonio directo de vecinos de la zona, que describen cómo el problema no se limita al recinto ferial vallado y controlado: los botellones se trasladan a los parques, las zonas comunes de las urbanizaciones y la vía pública circundante, espacios donde el dispositivo policial del recinto no tiene efecto alguno. Es decir, el Ayuntamiento presume de un operativo de seguridad «de vanguardia» para el recinto, mientras el verdadero foco de conflicto, el entorno inmediato, donde vive la gente, queda prácticamente desatendido.
¿Es obligatorio celebrar unas fiestas de nueve días?
Ninguna norma obliga a un ayuntamiento a mantener un formato de fiestas patronales de esta duración ni de esta escala. Se trata de una decisión puramente política del Gobierno municipal de Paloma Tejero, no de una imposición legal ni tradicional inamovible. De hecho, el propio traslado del recinto desde el centro urbano a la Avenida de Europa, hace ya dos años, respondió a una decisión de gestión, no a un mandato externo. Si el Ayuntamiento pudo decidir dónde celebrar las fiestas, también puede decidir cuánto deben durar y qué modelo de celebración conviene realmente a un municipio como Pozuelo.
La asociación POZCAVIR, que ya reunió más de 6.000 firmas contra el proyecto del recinto ferial permanente y posteriormente superó las 7.000, no pide la desaparición de las fiestas, sino un modelo distinto: más corto, mejor ubicado. La Justicia, de momento, ha respaldado al Ayuntamiento en el plano cautelar por falta de pruebas concretas sobre el perjuicio, pero eso no equivale a decir que el modelo actual sea el más razonable para un municipio de estas características.
Mientras la batalla judicial continúa, con el recurso de fondo aún pendiente y el litigio paralelo contra el recinto ferial permanente ya paralizado cautelarmente por otro juzgado, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿nueve días de fiestas multitudinarias son un beneficio real para Pozuelo, o simplemente un capricho institucional que paga, cada septiembre, el vecino que madruga para ir a trabajar a Madrid, mientras quien disfruta del concierto se va a su casa, lejos de aquí?
