La Fiscalía Europea ha confirmado este jueves actuaciones de investigación en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas por un posible fraude que afectaría a fondos de la Unión Europea destinados a adquirir pulseras telemáticas de protección frente a la violencia de género. Las diligencias las dirige su oficina de Madrid y cuentan con apoyo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
El organismo sitúa el inicio de las pesquisas en 2025 y ha anunciado que, por ahora, no facilitará más detalles. No ha identificado públicamente a personas investigadas ni ha precisado la cuantía del supuesto perjuicio a los fondos comunitarios.
Igualdad asegura que está colaborando
El Ministerio ha descrito la presencia de los agentes como una petición de documentación y ha negado que se tratara de un registro. Ana Redondo ha defendido la colaboración de su departamento con los fiscales europeos y ha expresado su confianza en que el dinero se utilizó correctamente, según recoge Reuters.
El Tribunal de Cuentas también ha confirmado la solicitud de información. La intervención en sus dependencias no permite concluir por sí sola que el órgano fiscalizador o sus responsables sean sospechosos de haber cometido un delito.
Los antecedentes del sistema de seguimiento
El Tribunal había examinado los contratos del servicio correspondientes a 2018, 2021 y 2023, por un importe conjunto de 102,6 millones de euros. El último, de 42,6 millones y financiado parcialmente con el plan de recuperación, estuvo vigente hasta mayo de 2026. Esas cifras corresponden a la contratación fiscalizada, no a un fraude cuantificado por la Fiscalía Europea.
Su informe señaló deficiencias en la continuidad del servicio y problemas para acceder a datos históricos que dejaron sin respuesta 123 requerimientos judiciales pendientes. También detectó incidencias de geolocalización, autonomía de las baterías y fiabilidad de los dispositivos.
La auditoría y la investigación penal cumplen funciones diferentes. Las deficiencias administrativas o técnicas descritas en el informe no equivalen automáticamente a la acreditación de un delito. Las diligencias deberán aclarar si existió un uso fraudulento de recursos europeos y determinar, en su caso, responsabilidades.
Las pulseras se emplean para verificar el cumplimiento de medidas judiciales de alejamiento. La investigación afecta a la adquisición de esos dispositivos, mientras su finalidad de protección exige mantener la fiabilidad del seguimiento y la respuesta ante posibles incumplimientos.
Fuentes: Fiscalía Europea; Tribunal de Cuentas; Reuters.
Imagen destacada: recreación ilustrativa generada con inteligencia artificial.
