Adolfo Suárez y la cobardía de acusar a quien no puede defenderse

Hasta hace poco, a nadie se le ocurriría sostener seriamente que una denuncia formulada hoy contra una persona fallecida como convierte automáticamente a esa persona en culpable. Si una mujer denunciara que el padre ya fallecido de Irene Montero cometió una agresión sexual continuada, ¿deberíamos creerla sin reservas, a pies juntillas, sin prueba alguna y sin posibilidad de contradicción? ¿Podríamos afirmar, sin género de dudas, que ese hombre fue un violador? La respuesta, desde cualquier mínima exigencia jurídica y moral, es evidente: no.

La razón es simple. El fallecido no puede defenderse, no puede contradecir, no puede aportar pruebas ni someterse a un juicio con garantías. Y precisamente por eso, en un Estado de Derecho, la responsabilidad penal se extingue con la muerte y la presunción de inocencia no desaparece con el fallecimiento.

La presunción de inocencia no es negociable

Este principio no es un tecnicismo jurídico ni una concesión ideológica: es uno de los pilares básicos de cualquier sistema democrático. Nadie es culpable mientras no se demuestre lo contrario mediante un proceso con todas las garantías. Cuando el acusado ha muerto, ese proceso es imposible. Convertir una acusación tardía en una condena moral automática no es justicia, es linchamiento.

Sin embargo, eso es exactamente lo que se está haciendo con Adolfo Suárez, cuatro décadas después. Se le acusa, se le señala y se le condena sin juicio, sin pruebas contrastadas y sin posibilidad alguna de defensa. No es un ejercicio de memoria histórica ni de reparación: es una operación política.

Un ataque al legado de la Transición y a Adolfo Suárez

Para algunos actores, este tipo de acusaciones encajan perfectamente en el discurso contra lo que denominan el “régimen del 78”. En realidad, no se trata de una revisión crítica y honesta del pasado, sino del intento deliberado de dinamitar el consenso constitucional que permitió la convivencia tras décadas de dictadura y enfrentamiento civil.

Al no poder derrotar políticamente ese legado en las urnas, se opta por desacreditar moralmente a sus protagonistas, incluso aunque estén muertos y no puedan defender su honor.

Cortinas de humo y miserias presentes

Otros, en cambio, utilizan estos ataques como cortinas de humo. El señalamiento retrospectivo de figuras históricas sirve para desviar la atención de escándalos actuales: corrupción, abusos, prácticas internas inconfesables. Atacar a un muerto es seguro: no responde, no demanda y no incomoda en el presente.

El problema no es solo la injusticia cometida con una persona concreta, sino el precedente que se sienta. Si aceptamos que basta una acusación tardía para destruir la reputación de un fallecido, nadie está a salvo. Hoy es Adolfo Suárez; mañana, cualquiera. Y cuando la presunción de inocencia deja de importar, lo que se resquebraja no es el pasado, sino el futuro de la convivencia democrática.