Los sindicatos CCOO y UGT acordaron este lunes convocar una huelga general de 24 horas para este otoño, la primera que se celebrará en España desde el 29 de marzo de 2012, cuando los trabajadores se echaron a la calle contra la reforma laboral de aquel año. El anuncio, protagonizado por los secretarios generales de ambas organizaciones, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), llega apenas tres días después de que el Congreso rechazara los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno y en la misma semana en que Pedro Sánchez ha decidido adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre.
La fecha exacta del paro aún no está cerrada. Los sindicatos quieren coordinarla con el Sindicato de Inquilinas y con otras organizaciones sociales que llevan meses protagonizando acampadas y manifestaciones por el acceso a la vivienda, y Pepe Álvarez ya ha avanzado que no coincidirá con el calendario de la campaña electoral.
Aunque la vivienda ha sido la chispa que ha encendido la movilización, los sindicatos enmarcan la huelga en un contexto más amplio: las negociaciones del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Entre sus reivindicaciones figuran subidas salariales de entre el 4% y el 7% con cláusulas de revisión ligadas a la inflación, un pacto social por la vivienda con topes al precio del alquiler, la creación de un parque público de vivienda protegida de carácter permanente y la aplicación efectiva de la Ley de Vivienda en todas las comunidades autónomas.
La patronal lo tacha de ilegal
La respuesta empresarial ha sido frontal. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya advirtió antes del anuncio de que una huelga general por la vivienda sería ilegal, al no constituir, a su juicio, un conflicto laboral en sentido estricto, y tanto CEOE como Cepyme han cuestionado abiertamente su encaje jurídico. Garamendi llegó a acusar al Ejecutivo de «dar una imagen vergonzosa del país» con los sucesivos decretos de vivienda que han terminado naufragando en el Congreso.
Una convocatoria con lectura electoral
En clave política, la convocatoria se interpreta como un movimiento que beneficia al PSOE en pleno arranque de la precampaña electoral, al permitir desplazar el debate público hacia la vivienda —terreno en el que el Gobierno pretende señalar a la derecha— justo cuando el propio Ejecutivo intenta revalidar sus decretos a través de la Diputación Permanente tras la disolución de las Cortes. PP y Vox, por su parte, insisten en que la crisis de la vivienda es «el gran fracaso» de la legislatura de Sánchez.
