El Pleno extraordinario del Congreso celebrado hoy ha certificado el fracaso de los dos decretos-ley de vivienda que el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros tras las protestas registradas en Sol a raíz de un desahucio. PP y Vox han votado en contra desde el principio, pero la pieza que ha hecho descarrilar definitivamente la iniciativa ha sido Junts: el partido de Puigdemont ha confirmado su rechazo a ambos textos, un voto que resultaba imprescindible porque el resto de socios del Gobierno ya habían comprometido su apoyo.
Junts hunde los decretos y exige un nuevo texto
Junts justifica su «no» alegando que las medidas tendrían un efecto contrario al buscado: reducirían la oferta de vivienda en alquiler, encarecerían los precios y dificultarían el acceso a la vivienda a las rentas más bajas. Los de Puigdemont también critican que los decretos no refuercen la protección frente a fondos de inversión ni ofrezcan garantías suficientes a los inquilinos vulnerables ante un desahucio, y llegan a hablar de una «expropiación por decreto» de los ahorros de varias generaciones. Su condición para dar apoyo en el futuro es clara: que el Gobierno retire el actual Real Decreto-ley 26/2026 y lo lleve de nuevo al Consejo de Ministros con un texto nuevo y negociado.
Sánchez, ante la disyuntiva del adelanto electoral
El Ejecutivo, sin embargo, ha optado por no negociar ese cambio de última hora y ha dejado que caigan los decretos, en lo que varias fuentes interpretan como una estrategia deliberada: convertir el «no» de la oposición en bandera de campaña de cara a un adelanto electoral centrado en la vivienda. Dentro del propio PSOE ya hay dirigentes presionando a Sánchez para que no deje pasar la oportunidad y convoque elecciones de inmediato, con el argumento de que «no va a haber otra ventana así».
Sobre la mesa hay varios escenarios de calendario electoral. El más inmediato apuntaría al 29 de noviembre, posible solo si la disolución de las Cortes se publica en el BOE el próximo martes 6 de octubre. Si ese plazo se deja pasar, el Gobierno podría optar por retrasar la convocatoria a febrero o marzo de 2027 para evitar el periodo navideño, o incluso esperar al tope legal del 22 de agosto de 2027, aunque esta última fecha chocaría con las elecciones autonómicas y municipales previstas para el 23 de mayo de ese año.
De fondo, la votación ha estado marcada por la tensión en la calle: los acampados en Sol habían convocado un intento de «rodear el Congreso» coincidiendo con el pleno, lo que ha obligado a Interior a desplegar un refuerzo policial ante el temor a un «15M low cost».
