La Audiencia Nacional ha acordado investigar la invasión de inmigrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026, al considerar que los hechos podrían constituir un ataque grave contra la integridad territorial de España y afectar a la paz o independencia del Estado. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, ha asumido la competencia sobre el caso tras contar con un informe favorable de la Fiscalía, en una decisión que eleva considerablemente la dimensión jurídica de lo sucedido en la ciudad autónoma.
Una competencia justificada por la gravedad de los hechos
En su auto de admisión de competencia, la magistrada sostiene que se trata de una conducta presuntamente delictiva cometida en el extranjero que habría atacado gravemente la integridad territorial de España, garantizada por el artículo 2 de la Constitución. Según la resolución, la entrada masiva de personas —cifrada por distintas fuentes en torno a los 70.000 u 80.000 inmigrantes— se produjo mediante flujos migratorios irregulares que afectaron de forma grave a la vida y a los derechos de los ciudadanos de la ciudad autónoma.
Tardón vincula estos hechos con los métodos propios de la denominada «guerra híbrida» o «zona gris», en la que se combinan movimientos migratorios masivos, llamadas a través de redes sociales y desinformación, con el objetivo de alterar la vida y los derechos de toda una comunidad. La instructora recuerda además las palabras del presidente del Gobierno, quien durante su visita a Ceuta el 31 de julio de 2026 calificó lo ocurrido como «un ataque, una violación de la integridad territorial de España».
Al tratarse, según el auto, de una conducta presuntamente cometida en el extranjero, la competencia corresponde a la Audiencia Nacional en aplicación del artículo 23.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que atribuye a la jurisdicción española el conocimiento de los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional.
Delitos investigados y estructura de la organización
La instrucción contempla varios tipos penales: delitos contra la paz o independencia del Estado, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidios imprudentes —tras acreditarse decenas de fallecimientos por ahogamiento o aplastamiento durante los cruces— y un delito de organización criminal.
El auto recoge el análisis del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía Nacional, que describe una estructura organizativa en varios niveles: la masa de personas que entraron en Ceuta; los dinamizadores del mensaje en redes sociales que movilizaron a los miles de participantes; los organizadores presentes sobre el terreno, entre ellos agentes marroquíes uniformados y «dinamizadores no uniformados» señalados impartiendo instrucciones; y, en un cuarto nivel, la planificación previa del proceso, que según la instructora muestra una depuración y un impacto más elaborado que en entradas irregulares de años anteriores.
La resolución ha abierto además una pieza separada declarada secreta para investigar los aspectos más sensibles de la causa. La investigación no implica, por el momento, ninguna autoría determinada ni una calificación jurídica definitiva, sino que abre la instrucción judicial para esclarecer el grado de organización y planificación detrás de los sucesos de finales de julio.
