En Madrid se han reunido ciudadanos normales: familias, autónomos, trabajadores, jubilados, jóvenes, empresarios y personas que cada día se levantan para sacar adelante sus vidas y las de los suyos. Españoles que pagan impuestos, cumplen las leyes y que, desde su legítimo derecho, alzan la voz para decir que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en España.
Más de ciento cincuenta asociaciones han respaldado esta movilización ordenada y pacífica. Sin embargo, ya sabemos lo que ocurre cuando se defienden ideas que no coinciden con el pensamiento único que quiere imponer el Gobierno de España: inmediatamente aparecen las etiquetas de fascistas, extrema derecha y antidemócratas.
¿Desde cuándo protestar contra un Gobierno que pretende amordazarnos nos convierte en fascistas? ¿Desde cuándo pedir elecciones es antidemocrático? ¿Desde cuándo defender la independencia judicial y el Estado de derecho es estar contra la democracia?
Lo verdaderamente preocupante es que desde el Gobierno se decida qué podemos decir, sentir o pensar, y que se nos señale, se nos persiga o se nos pongan etiquetas. Eso tiene un nombre: se llama tiranía, y ya sabemos cómo funciona: mantenerse en el poder para someternos y acabar con lo que representa la libertad.
Nadie está por encima de la ley
Pues bien, la sociedad civil ha dicho basta a un Gobierno que presenta la crítica como un ataque a la democracia, que utiliza la descalificación para evitar hablar de los problemas reales y que recurre a políticas del «todo vale» para mantenerse en el poder. La separación de poderes no es una cuestión ideológica: es la base de nuestro Estado de derecho.
Si permitimos que el poder político ataque sistemáticamente a quienes deben controlarlo, estaremos debilitando las garantías que protegen a los ciudadanos. El Estado de derecho nos hace a todos iguales ante la ley. Nadie puede estar por encima de ella, y ningún gobierno puede pretender situarse por encima de los jueces o de las instituciones encargadas de hacerla cumplir. Por ello, no podemos mirar hacia otro lado: esto está ocurriendo y tenemos la responsabilidad de denunciarlo y de cambiar las cosas. Nos va en ello la libertad.
Ceuta no está sola
Tampoco hemos olvidado a nuestros compatriotas de Ceuta, que desde el 31 de julio soportan una situación de enorme gravedad tras la llegada invasiva de miles de marroquíes, que ha provocado un clima de caos e inseguridad en la ciudad que ya se hace insoportable.
Ceuta no puede quedar abandonada ni nuestros compatriotas pueden sentirse solos. Defender a España también es defender a quienes viven en sus fronteras y garantizar su seguridad, su dignidad y su libertad. El Gobierno tiene la obligación de defender el territorio español y garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos. La invasión que ha sufrido Ceuta es un ataque a nuestra soberanía territorial y exige una respuesta firme del Estado.
Por todo ello, seguiremos en la calle denunciando la imposición del pensamiento único, la corrupción, la falta de transparencia y el ataque a las instituciones y, sobre todo, defendiendo la libertad.
En el prólogo que escribió para Rebelión en la granja, Orwell dejó dicho: «Si la libertad significa algo, significa el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír». Eso es lo que hemos hecho en la II Marcha por la Dignidad. Ante un Gobierno que no quiere oír, ciudadanos que alzan su voz. No vamos a renunciar a nuestra libertad, ni a exigir responsabilidades, ni a decidir sobre nuestro futuro.
No vamos a renunciar a ser libres.
Miles de españoles hemos salido a la calle en la II Marcha por la Dignidad para reclamar algo tan sencillo como fundamental: «Elecciones ya». Los españoles deben decidir sobre su futuro, que ahora ven incierto debido a la deriva política a la que nos tiene sometidos este Gobierno, salpicado por múltiples casos de corrupción y en permanente ataque contra nuestros derechos individuales. Reclamamos volver a vivir en una sociedad libre, segura y en paz.
En Madrid se han reunido ciudadanos normales: familias, autónomos, trabajadores, jubilados, jóvenes, empresarios y personas que cada día se levantan para sacar adelante sus vidas y las de los suyos. Españoles que pagan impuestos, cumplen las leyes y que, desde su legítimo derecho, alzan la voz para decir que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en España.
Más de ciento cincuenta asociaciones han respaldado esta movilización ordenada y pacífica. Sin embargo, ya sabemos lo que ocurre cuando se defienden ideas que no coinciden con el pensamiento único que quiere imponer el Gobierno de España: inmediatamente aparecen las etiquetas de fascistas, extrema derecha y antidemócratas.
¿Desde cuándo protestar contra un Gobierno que pretende amordazarnos nos convierte en fascistas? ¿Desde cuándo pedir elecciones es antidemocrático? ¿Desde cuándo defender la independencia judicial y el Estado de derecho es estar contra la democracia?
Lo verdaderamente preocupante es que desde el Gobierno se decida qué podemos decir, sentir o pensar, y que se nos señale, se nos persiga o se nos pongan etiquetas. Eso tiene un nombre: se llama tiranía, y ya sabemos cómo funciona: mantenerse en el poder para someternos y acabar con lo que representa la libertad.
Nadie está por encima de la ley
Pues bien, la sociedad civil ha dicho basta a un Gobierno que presenta la crítica como un ataque a la democracia, que utiliza la descalificación para evitar hablar de los problemas reales y que recurre a políticas del «todo vale» para mantenerse en el poder. La separación de poderes no es una cuestión ideológica: es la base de nuestro Estado de derecho.
Si permitimos que el poder político ataque sistemáticamente a quienes deben controlarlo, estaremos debilitando las garantías que protegen a los ciudadanos. El Estado de derecho nos hace a todos iguales ante la ley. Nadie puede estar por encima de ella, y ningún gobierno puede pretender situarse por encima de los jueces o de las instituciones encargadas de hacerla cumplir. Por ello, no podemos mirar hacia otro lado: esto está ocurriendo y tenemos la responsabilidad de denunciarlo y de cambiar las cosas. Nos va en ello la libertad.
Ceuta no está sola
Tampoco hemos olvidado a nuestros compatriotas de Ceuta, que desde el 31 de julio soportan una situación de enorme gravedad tras la llegada invasiva de miles de marroquíes, que ha provocado un clima de caos e inseguridad en la ciudad que ya se hace insoportable.
Ceuta no puede quedar abandonada ni nuestros compatriotas pueden sentirse solos. Defender a España también es defender a quienes viven en sus fronteras y garantizar su seguridad, su dignidad y su libertad. El Gobierno tiene la obligación de defender el territorio español y garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos. La invasión que ha sufrido Ceuta es un ataque a nuestra soberanía territorial y exige una respuesta firme del Estado.
Por todo ello, seguiremos en la calle denunciando la imposición del pensamiento único, la corrupción, la falta de transparencia y el ataque a las instituciones y, sobre todo, defendiendo la libertad.
En el prólogo que escribió para Rebelión en la granja, Orwell dejó dicho: «Si la libertad significa algo, significa el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír». Eso es lo que hemos hecho en la II Marcha por la Dignidad. Ante un Gobierno que no quiere oír, ciudadanos que alzan su voz. No vamos a renunciar a nuestra libertad, ni a exigir responsabilidades, ni a decidir sobre nuestro futuro.
No vamos a renunciar a ser libres.
