Un juzgado de Lugo ha eximido cautelarmente de realizar guardias médicas a un otorrinolaringólogo de 60 años, mientras se tramita su reclamación judicial y hasta que exista sentencia firme. La magistrada considera que el Servicio Gallego de Salud (SERGAS) no puede justificar la negativa únicamente en la falta de especialistas cuando conocía desde el año pasado la intención del facultativo de acogerse a esta exención.
Según ha informado este viernes el Consejo General del Poder Judicial, la decisión corresponde a la plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Lugo. La resolución protege provisionalmente al médico durante el proceso, sin resolver todavía de forma definitiva el fondo de su reclamación.
Dos solicitudes rechazadas por el SERGAS
El especialista pidió dejar de hacer guardias en 2025. Su solicitud se apoyaba en el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de 1998, que reconoce esa posibilidad a los facultativos especialistas mayores de 55 años de las instituciones sanitarias de atención especializada. El SERGAS rechazó la petición alegando necesidades del servicio.
El médico volvió a solicitar la exención en 2026. La Administración sanitaria respondió de nuevo negativamente y sostuvo que el hospital carecía de otros facultativos de la especialidad que pudieran asumir esa actividad asistencial. El conflicto llegó a la vía judicial, donde el profesional solicitó protección cautelar.
Para la magistrada, el problema de cobertura no puede desvincularse del tiempo que la Administración había tenido para organizar el servicio. Desde la primera solicitud conocía la voluntad del especialista y, por tanto, podía adoptar medidas para atender las guardias sin imponerle sus consecuencias.
La salud del facultativo, un elemento decisivo
El auto también tiene en cuenta que el médico reúne los requisitos previstos para la exención. A ello se suma el impacto de las guardias sobre su salud, acreditado mediante un informe psiquiátrico incorporado al procedimiento, según explica la comunicación judicial.
En esas circunstancias, la jueza considera que no resulta razonable sacrificar los derechos y la salud del profesional para compensar una carencia de personal vinculada a la falta de previsión administrativa. Esa valoración sustenta la medida adoptada mientras continúa la tramitación del litigio.
La decisión afecta al caso concreto de este especialista y tiene carácter provisional. No supone una exención general para todos los médicos de una determinada edad ni una sentencia definitiva sobre la controversia. El procedimiento deberá continuar hasta que se resuelva de manera firme la reclamación del facultativo.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.
