El presidente francés Emmanuel Macron evita declarar el estado de emergencia y reparte responsabilidades entre la extrema izquierda y el malestar social por el coste de la vida, en una jornada con miles de detenidos, edificios incendiados y un país que mira ya hacia las presidenciales de 2027
Francia amaneció este domingo con las secuelas de una noche de disturbios que las propias autoridades han descrito como uno de los episodios de violencia urbana más serios de los últimos años. Lo que empezó hace semanas como protestas estudiantiles contra el deterioro de los institutos y el sistema de acceso a la universidad se ha ido mezclando con movilizaciones de corte social contra el encarecimiento de la vida, hasta desembocar el sábado en una jornada de saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía en ciudades como París, Marsella y Lyon.
Emmanuel Macron compareció esa misma noche en un discurso televisado en el que optó por un doble mensaje: por un lado, aseguró que escuchará «el enfado» de los franceses y, en particular, la «ansiedad» de los jóvenes ante su futuro, anunciando que el primer ministro, Sébastien Lecornu, los convocará próximamente a una reunión; por otro, prometió ser «implacable» con quienes, a su juicio, se aprovecharon de las protestas legítimas para ejercer una violencia que atribuyó a la extrema izquierda. El presidente anunció un gabinete de crisis para ayudar a los comercios afectados, respuestas judiciales contra los responsables de los disturbios y medidas para reforzar el suministro energético que, dijo, deberían abaratar los precios. No llegó, sin embargo, a declarar el estado de emergencia.
El alcance de la crisis
Las cifras del alcance de la crisis varían según la fuente y el momento del recuento, lo que da una idea de lo cambiante de la situación sobre el terreno: mientras unas informaciones hablan de más de 2.000 detenidos solo durante el fin de semana y de un policía muerto, con decenas de edificios públicos destruidos —entre ellos el histórico ayuntamiento de Limoges—, otros recuentos centrados en las protestas estudiantiles de los días previos elevan la cifra a unos 5.000 arrestos desde el lunes anterior, el 85% de ellos menores de edad, con cerca de 2.000 detenciones solo el jueves. Los heridos entre policías y gendarmes rondarían, según estos últimos datos, los 284 en la peor jornada, a los que se suman decenas de profesores y alumnos. Los daños materiales, aún sin estimación oficial, se calculan en varios millones de euros solo en las regiones de Île-de-France, Gran Este, Altos de Francia y Auvernia-Ródano-Alpes, con cientos de centros educativos cerrados y dando clases a distancia.
Reacciones políticas y trasfondo económico
El tablero político se ha polarizado de inmediato. Desde el Gobierno y la derecha se apunta a Jean-Luc Mélenchon y a La Francia Insumisa como responsables de avivar la movilización, acusación que el propio Mélenchon rechaza mientras reivindica que la juventud está «más movilizada que en mayo del 68» y pide a cambio un desenlace que no pase por la violencia. Marine Le Pen, que aparece como favorita de cara a las presidenciales de abril de 2027, ha acusado a la extrema izquierda de secuestrar unas reivindicaciones sociales que considera legítimas para, en su opinión, arrastrar al país hacia el caos; otros dirigentes de su espacio político han ido más allá, exigiendo la dimisión de Macron ante lo que describen como una pérdida de control del orden público. En el otro extremo, alcaldes como el socialista de Marsella, Benoît Payan, han reclamado el envío urgente de antidisturbios para frenar a los grupos más violentos, en lo que algunos análisis señalan como un síntoma de que la contención policial ha sido, esta vez, insuficiente.
De fondo, varios comentaristas económicos han situado el estallido en un contexto de deterioro de las cuentas públicas francesas, con una deuda que supera los 3,6 billones de euros, un déficit previsto del 5,1% del PIB para 2027 y un presupuesto que combina recortes de 25.000 millones con subidas de impuestos de 17.000 millones, lo que alimenta el temor a una respuesta social todavía más dura en las próximas semanas, a siete meses de que termine el mandato de Macron.
