La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal dedicada presuntamente a realizar empadronamientos fraudulentos en la localidad de Seseña con el objetivo de facilitar la regularización administrativa de ciudadanos extranjeros en situación irregular en España. La operación se ha saldado, por el momento, con cuatro personas detenidas.
La investigación comenzó después de que los agentes detectaran un incremento “desproporcionado e inusual” de solicitudes de empadronamiento en el municipio toledano. Las pesquisas revelaron situaciones especialmente llamativas: en algunos domicilios figuraban empadronadas decenas de personas, llegando incluso a contabilizarse hasta 91 registros en una sola vivienda.
Más de 400 personas empadronadas irregularmente
Según la información facilitada por la Guardia Civil, hasta el momento se han identificado más de 400 personas empadronadas de manera irregular en Seseña. La organización captaba presuntamente a ciudadanos extranjeros y, a cambio de cantidades que oscilaban entre los 300 y los 400 euros, les proporcionaba la documentación necesaria para aparentar una residencia efectiva en determinados inmuebles del municipio.
Los investigadores consideran que estos empadronamientos falsos eran utilizados posteriormente por los inmigrantes para intentar regularizar su situación administrativa en España y acceder a diferentes trámites o servicios vinculados a la acreditación de residencia.
La Guardia Civil continúa analizando documentación y no descarta que puedan aparecer nuevos implicados o que aumente el número de personas beneficiadas por la trama.
Viviendas saturadas y sospechas de fraude
El caso salió a la luz tras comprobarse que determinados domicilios acumulaban un número completamente anómalo de personas inscritas en el padrón municipal. Este tipo de prácticas suele levantar sospechas debido a que el empadronamiento es un requisito esencial para numerosos procedimientos administrativos relacionados con extranjería, asistencia sanitaria, escolarización o acceso a ayudas públicas.
La investigación ha permitido acreditar, según los agentes, la existencia de una estructura organizada que obtenía beneficios económicos mediante la utilización fraudulenta de viviendas para registrar a ciudadanos extranjeros que en realidad no residían en ellas.
Las diligencias continúan abiertas bajo la dirección de la autoridad judicial competente.
