La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) condenan el documento, que etiqueta a decenas de profesionales como «afines al PSOE», «antisanchistas» o «periodista polémica». El PP acusa a Marlaska de tener «listas negras»
El Ministerio del Interior está en el centro de una nueva polémica después de que haya trascendido la existencia de un documento interno que clasifica ideológicamente a decenas de periodistas y tertulianos que cubren la actualidad del departamento, la Policía Nacional y la Guardia Civil. El dosier, titulado «Tertulianos. Radio y Televisión», fue encargado a finales de 2023 por la Oficina de Comunicación del ministerio y quedó completado durante 2024, según ha revelado la información periodística que ha destapado su existencia.
Fichas con foto y etiqueta ideológica
El documento incluye fichas individuales de cada profesional, con fotografía y una breve anotación sobre su posicionamiento político. Entre las etiquetas que maneja el fichero figuran expresiones como «apoya al Gobierno», «afín al PSOE», «militante socialista», «reconocido antisanchista», «tendencia conservadora», «centroderecha moderada», «ideología radical de derechas», «extrema derecha», «independiente», «crítico con la amnistía», «periodista polémica» o, directamente, «desinformación».
Según ha podido reconstruirse, el encargo se realizó en una reunión celebrada en torno a la Navidad de 2023 a la que asistieron cerca de quince empleados del departamento de Comunicación, a quienes se pidió clasificar a los periodistas por ideología y, en una fase posterior, incorporar sus fotografías. El registro no se habría limitado a rostros conocidos de la televisión: también incluiría a directivos de asociaciones profesionales como la propia FAPE o la Asociación de la Prensa de Madrid, además de directores, redactores y colaboradores de distintos medios que siguen la actualidad de Interior.
Parte del propio personal del ministerio habría mostrado su rechazo al encargo en su momento, advirtiendo de sus posibles implicaciones legales y de su difícil encaje constitucional, aunque el trabajo se llevó a término y quedó archivado con acceso restringido dentro de la Oficina de Comunicación.
El ministerio ha reconocido la existencia del documento, pero sostiene que se trata de material de «consumo interno» del propio departamento de Comunicación y que el ministro, Fernando Grande-Marlaska, no lo encargó ni tuvo conocimiento de su elaboración.
La reacción de los periodistas: «Un ataque directo a la libertad de prensa»
La FAPE ha calificado la existencia de este listado como «un ataque directo a la libertad de prensa» y ha advertido de que introduce en el periodismo una lógica de «vigilancia y posibles represalias» que resulta «incompatible con el Estado de derecho». La organización ha subrayado que resulta especialmente grave que una institución con capacidad para condicionar el acceso a fuentes, acreditaciones y trato institucional establezca distinciones entre periodistas «afines» y «problemáticos». La federación ha exigido el cese inmediato de este tipo de perfilado, garantías de que los profesionales señalados no sufrirán ningún tipo de repercusión, y que se depuren responsabilidades dentro del gabinete de Comunicación del ministerio. La Asociación de la Prensa de Madrid se ha sumado íntegramente al comunicado.
Entre los nombres que han trascendido de la información original figuran varios profesionales de El Confidencial: su director, Nacho Cordero, aparecería descrito como de «tendencia de centroderecha»; el periodista Alejandro Requeijo, como «independiente, pero con clara simpatía por la ideología de izquierdas»; y el director adjunto, Carlos Sánchez, como de «tendencia de centroizquierda». El listado también mencionaría, entre otros, al especialista en el Magreb Ignacio Cembrero y a la responsable de tribunales Beatriz Parera. Los medios que han dado la noticia no han publicado, de momento, el documento completo ni la relación íntegra de nombres incluidos.
Munición política para la oposición
El PP ha aprovechado la revelación para cargar con dureza contra el titular de Interior. La diputada Cayetana Álvarez de Toledo ha calificado el dosier como propio de «la Stasi de Marlaska», en referencia a la policía política de la extinta Alemania del Este; su compañera de partido Ana Vázquez ha ido más allá al afirmar que «Marlaska ya es el capo de la mafia»; y la portavoz Ester Muñoz ha ironizado sobre la paradoja de que «Interior no se enteró de la invasión de Ceuta, pero sabe de maravilla la ideología de cada periodista», en alusión a la crisis migratoria que también mantiene bajo presión al ministerio estos días.
La polémica llega, precisamente, en un momento especialmente delicado para Grande-Marlaska, con el Gobierno bajo el foco por la gestión de la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta a finales de julio y con la desclasificación de los informes del CNI sobre aquella crisis como telón de fondo de la actualidad política de esta misma semana.
Por el momento, el Ministerio del Interior no ha anunciado ninguna medida disciplinaria interna ni ha dado explicaciones adicionales sobre el uso que se ha dado al documento desde su elaboración, más allá de negar la implicación directa del ministro.
