Hace unos años, Albert Rivera advirtió de la existencia de lo que denominó el «Plan Sánchez». Su tesis era que Pedro Sánchez no aspiraba únicamente a gobernar durante una legislatura, sino que estaba dispuesto a modificar los equilibrios políticos e institucionales de España para construir un modelo de poder cada vez más difícil de desalojar por los mecanismos habituales de alternancia.
En aquel momento, aquella advertencia fue recibida por muchos como una exageración partidista, propia además de una etapa de enorme confrontación política. Con el paso del tiempo, sin embargo, creo que merece ser reconsiderada. No necesariamente porque exista un «plan» perfectamente diseñado y ejecutado desde el primer día, sino porque la evolución política española permite observar una acumulación de decisiones que están modificando nuestra relación con las instituciones y con los límites tradicionales del poder.
Ese es, a mi juicio, el verdadero debate.
Las democracias contemporáneas no suelen desaparecer mediante una ruptura repentina. Su deterioro puede producirse de una manera mucho menos evidente: a través de la progresiva aceptación de comportamientos que anteriormente se consideraban excepcionales, de la ocupación partidista de espacios institucionales, de la reinterpretación de los contrapesos constitucionales y de una creciente identificación entre los intereses del Gobierno y los intereses del Estado.
España nunca ha tenido unas instituciones perfectas. La politización de determinados organismos, los problemas de independencia institucional y la excesiva influencia de los partidos son anteriores a Pedro Sánchez. Sería intelectualmente poco riguroso sostener lo contrario. Pero reconocer estos antecedentes tampoco obliga a ignorar lo ocurrido durante los últimos años.
La cuestión relevante no es determinar quién inició cada problema, sino preguntarnos si actualmente nuestras instituciones son más independientes, nuestros contrapesos más sólidos y nuestra cultura democrática más respetuosa con los límites del poder que hace una década.
Mi impresión es que no.
Durante estos años hemos asistido a enfrentamientos constantes alrededor del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado y otros organismos fundamentales. Hemos visto cómo cuestiones que durante la campaña electoral parecían políticamente imposibles terminaron convirtiéndose en decisiones esenciales para garantizar mayorías parlamentarias. La ley de amnistía constituye probablemente el ejemplo más evidente de esta transformación, no solamente por su contenido, sino por las circunstancias políticas que determinaron su aprobación.
A todo ello se suma una dinámica especialmente preocupante: la creciente tendencia a interpretar cualquier institución, resolución judicial, medio de comunicación o sector de la sociedad en función de si favorece o perjudica al Gobierno. Esa lógica termina debilitando una de las bases esenciales de cualquier democracia liberal: la existencia de espacios que no deben estar subordinados a las necesidades coyunturales de quien gobierna.
También se ha producido una profunda transformación del lenguaje político. El adversario deja progresivamente de ser considerado un competidor legítimo para convertirse en alguien cuya propia legitimidad se cuestiona. Cuando esta mentalidad se instala en una sociedad, la alternancia política comienza a percibirse no como una consecuencia natural de la democracia, sino como un riesgo que debe evitarse.
Ahí es donde la vieja advertencia de Rivera adquiere, para mí, un significado diferente.
No creo que sea necesario imaginar una conspiración ni un documento secreto denominado «Plan Sánchez». Los procesos políticos importantes suelen ser bastante más complejos. Lo relevante es comprobar si existe una dirección reconocible en las decisiones adoptadas y cuáles son sus consecuencias acumulativas.
Pedro Sánchez ha demostrado una extraordinaria capacidad para sobrevivir políticamente, reconstruir mayorías y alcanzar acuerdos que pocos habrían considerado posibles unos años antes. Esa habilidad forma parte indiscutiblemente de su trayectoria política. Pero precisamente por ello debemos separar la legítima capacidad de un dirigente para conservar el Gobierno de otra cuestión mucho más importante: hasta dónde pueden modificarse las reglas, los equilibrios institucionales o los compromisos políticos para conseguirlo.
Una democracia no se define únicamente porque existan elecciones. Se define también por la calidad de sus instituciones, la independencia de sus contrapesos, el respeto a la ley, la previsibilidad de las reglas y la aceptación de que ningún gobernante posee el Estado ni puede identificar su permanencia en el poder con la estabilidad del país.
Por eso considero que el debate sobre España debería superar de una vez la discusión superficial entre partidarios y detractores de Pedro Sánchez. El problema es mucho más profundo y, sobre todo, sobrevivirá al propio Sánchez.
La pregunta que importa es qué instituciones recibirá España cuando termine esta etapa política y qué precedentes habremos aceptado durante ella.
Durante años consideré exagerado hablar de una transformación del régimen político español. Hoy tengo muchas más dudas. No porque España haya dejado de ser una democracia, sino porque considero evidente que determinados equilibrios sobre los que se construyó nuestra democracia constitucional están sometidos a una tensión creciente.
La historia demuestra que las instituciones rara vez se deterioran de un día para otro. Lo hacen cuando las excepciones se convierten en precedentes, los precedentes en costumbre y la sociedad termina aceptando como normal aquello que unos años antes habría considerado inadmisible.
Por eso recuerdo aquella advertencia de Albert Rivera. Y por eso cada día tengo más claro que la verdadera cuestión ya no es si tenía razón en todos sus pronósticos, sino cuánto ha cambiado España desde que los formuló.
Y, sobre todo, cuánto puede cambiar todavía.
La cuenta atrás, en mi opinión, ya ha comenzado.
