El debate sobre la prohibición del burka y el niqab ha irrumpido con fuerza en el Congreso de los Diputados. La intervención de la diputada del Partido Popular Ester Muñoz ha marcado uno de los momentos más contundentes de la sesión, al denunciar que estas prendas suponen la “invisibilización” de la mujer y cuestionar duramente la postura del Gobierno.
Muñoz criticó directamente al portavoz socialista, Patxi López, por defender el uso del burka pese a que, como hombre, “nadie le obligaría a ser borrado ni a que se borrase su identidad”. La diputada subrayó la contradicción que, a su juicio, supone que quienes disfrutan plenamente de su libertad en cualquier país del mundo consideren aceptable que otras mujeres vivan “en una cárcel de tela”.
Identidad, libertad y dignidad
El eje central de su intervención fue el concepto de identidad. Muñoz sostuvo que el burka no es una prenda neutra, sino un símbolo de anulación personal, al impedir que la mujer sea reconocida como individuo en el espacio público.
Desde esta perspectiva, el debate no se limita a una cuestión religiosa o cultural, sino que afecta directamente a principios fundamentales como la igualdad, la dignidad y la libertad. La diputada planteó una pregunta directa al Gobierno: por qué considera progresista que una mujer pueda ser obligada a ocultar su rostro y a desaparecer visualmente de la sociedad.
Según esta argumentación, la libertad no puede entenderse como la aceptación pasiva de prácticas que suponen la negación visible de la identidad de la persona, especialmente cuando afectan de forma exclusiva a las mujeres.
Crítica a la postura jurídica del Gobierno
Ester Muñoz también cuestionó la afirmación de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien había señalado que prohibir el burka sería inconstitucional. La diputada calificó esta afirmación como una muestra de “ignorancia jurídica supina” y recordó que varios países europeos han aprobado prohibiciones similares sin que sus tribunales constitucionales las hayan anulado.
Entre estos países se encuentran Francia, Austria, Dinamarca y los Países Bajos, democracias consolidadas cuyos sistemas jurídicos han considerado compatibles estas restricciones con los derechos fundamentales.
Este precedente europeo refuerza el argumento de que la prohibición no se fundamenta en la persecución de una religión concreta, sino en la regulación del uso del espacio público y en la protección de valores constitucionales como la igualdad entre hombres y mujeres y la seguridad jurídica.
Un debate que trasciende la religión
El debate sobre el burka plantea una cuestión más amplia: el equilibrio entre la libertad religiosa y los principios básicos del Estado democrático. La intervención de Muñoz insistió en que la cuestión no es la fe, sino la ocultación permanente del rostro y la consiguiente desaparición de la identidad individual en el ámbito público.
Desde esta óptica, el uso del burka no sería un símbolo de libertad, sino la manifestación visible de una desigualdad estructural. La diputada concluyó que el Gobierno deberá explicar por qué considera compatible la defensa de la igualdad con la aceptación de una prenda que, en la práctica, borra a la mujer como sujeto visible de derechos.
El debate sigue abierto, pero la intervención ha puesto sobre la mesa una cuestión incómoda: si una sociedad que afirma defender la libertad y la igualdad puede aceptar como normal la invisibilidad forzada de parte de sus ciudadanos.
