El balance de víctimas mortales de la crisis migratoria de Ceuta ha vuelto a agravarse este sábado: la Guardia Civil ha recuperado diez nuevos cadáveres en el mar desde la tarde de ayer, elevando la cifra oficial a 86 fallecidos, según ha confirmado la Delegación del Gobierno. Con este nuevo balance, ya son 116 los inmigrantes localizados sin vida en Ceuta en lo que va de 2026, más del doble de los 46 registrados en todo el año 2025. Los agentes del Servicio Marítimo continúan este sábado peinando la zona en busca de más víctimas.
El propio Ministerio del Interior tenía la señal de alarma semanas antes
Lo más grave del episodio no es solo su magnitud, sino que los indicios de que algo así podía ocurrir estaban ya documentados por el propio Gobierno. El informe quincenal sobre inmigración irregular del Ministerio del Interior recogía que, entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026, habían llegado 2.991 inmigrantes a Ceuta y Melilla por vía terrestre, un incremento del 140% respecto al mismo periodo de 2025. Antes de que estallara la avalancha, los centros de acogida de menores de Ceuta ya presentaban una sobreocupación del 1.600%. Pese a esos datos, el operativo de contención y la movilización del Ejército solo se activaron después de que la situación se hubiera desbordado por completo, con más de 50.000 personas cruzando en apenas 48 horas.
A ello se suma un detalle que ha generado fuerte contestación política: mientras la presión migratoria se acumulaba sobre Ceuta y Melilla, Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska acudieron primero a la celebración del vigésimo séptimo aniversario de la entronización de Mohamed VI, antes de desplazarse a la zona de la crisis. Esa misma noche, la avalancha se trasladó también a Melilla, donde se registraron detonaciones e incendios de vehículos.
Reproches de Italia, Estados Unidos y hasta de Sumar, socio de Gobierno
La crisis ha generado una respuesta internacional que ha situado a España «contra las cuerdas». Italia y Finlandia han llegado a plantear la exclusión de España de Schengen, mientras Francia reforzaba unilateralmente su frontera y desde Italia y Estados Unidos llegaban críticas directas a la gestión española, hasta el punto de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, tuvo que convocar al embajador italiano en Madrid para trasladarle el rechazo del Ejecutivo a unas declaraciones que Moncloa calificó de «inadmisibles». Durante la visita de Sánchez y Marlaska a Ceuta, varios de los presentes en el helipuerto de la ciudad recibieron a ambos con insultos y acusaciones de «vender a España» y «desproteger la frontera».
Las críticas no vienen solo de la oposición o del extranjero: Sumar, socio de Gobierno, se ha desmarcado de la línea oficial del Ejecutivo y ha pedido a la ONU que examine la responsabilidad de Marruecos en la crisis, en un gesto que evidencia fisuras dentro de la propia coalición. En paralelo, las declaraciones de Marlaska asegurando que «Marruecos no es ninguna amenaza, ni para Ceuta ni para España, es un socio fiable» han sido calificadas por parte de la prensa como una muestra de «negacionismo» ante la gravedad de lo ocurrido.
Una fotografía que Moncloa no quiso difundir
El episodio ha dejado también un flanco de opacidad informativa: la fotografía de un despacho entre el Rey Felipe VI y Pedro Sánchez en relación con la crisis no fue difundida ni por Moncloa ni por la Agencia EFE, una decisión que ha alimentado las críticas sobre la gestión comunicativa del Gobierno durante toda la emergencia.
Mientras tanto, sobre el terreno, la situación en Ceuta permanece en una «calma tensa»: tras la marcha de Sánchez, vecinos y autoridades locales se preguntan qué ocurrirá en los próximos días, en una ciudad de apenas 83.000 habitantes que ha visto entrar, en menos de 48 horas, el equivalente a más de la mitad de su población.
