El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en el centro de severas críticas tras confirmarse que utilizó el Airbus A310 del Ejército del Aire y del Espacio, el aparato de mayor envergadura, peso y capacidad de la flota VIP institucional, para desplazarse a la graduación universitaria de su hija. La controversia radica en el sobredimensionamiento de los medios y en el itinerario del viaje, ya que tras concluir su participación en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, el jefe del Ejecutivo no regresó a territorio nacional, sino que ordenó desviar la aeronave militar directamente hacia un aeropuerto de Londres para enlazarse con la ceremonia familiar que tenía lugar en la vecina localidad de Bristol.
Tres aviones militares movilizados y opacidad bajo la Ley de Secretos Oficiales
La fricción técnica e institucional comenzó a fraguarse antes incluso de la cita internacional en Turquía. Para cubrir el desplazamiento de la delegación española, el Ministerio de Defensa llegó a movilizar de forma simultánea hasta tres aeronaves oficiales del Grupo 45 desde la base aérea de Torrejón de Ardoz: el imponente Airbus A310 de 80 plazas y dos reactores Dassault Falcon 900, operando uno de ellos como aparato de reserva técnica y emergencia por estricto protocolo. A pesar de que los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa compartían agenda idéntica con el presidente en Ankara, la distribución del pasaje evidenció una absoluta falta de contención en el gasto: mientras ambos ministros tuvieron que compartir un único Falcon, Pedro Sánchez voló de forma exclusiva en el Airbus de gran capacidad que posteriormente realizaría la ruta hacia el Reino Unido con fines estrictamente particulares.
A la indignación por el despliegue logístico se suma el blindaje informativo en torno a quiénes integraban la comitiva del presidente en este desvío. La Presidencia del Gobierno ha rechazado desvelar la identidad de las personas que viajaban a bordo del Airbus A310 hacia territorio británico, un veto informativo en el que Moncloa se ampara firmemente citando la restrictiva Ley de Secretos Oficiales de 1968. Al declarar los planes de protección y los movimientos de aeronaves militares como materia clasificada con el máximo grado de protección, el Ejecutivo esquiva las peticiones de transparencia, lo que ha encendido aún más los ánimos de la oposición, que denuncia el uso del secreto de Estado como un escudo para ocultar el disfrute vacacional de allegados a costa del erario público.
La oposición exige aclarar el coste del desvío y las condiciones del viaje de vuelta
El uso del avión de gran capacidad para fines privados ha desatado una tormenta parlamentaria inmediata. El Partido Popular ya ha registrado una batería de preguntas formales en el Congreso de los Diputados exigiendo que el Ejecutivo desglose de manera pormenorizada el coste real que este desvío ha supuesto para las arcas públicas. Estimaciones del sector aeronáutico sitúan el coste operativo de este trayecto de más de tres horas entre Turquía y las islas británicas por encima de los 18.000 euros, a lo que habría que sumar las elevadas tasas aeroportuarias internacionales en aeródromos británicos, las dietas de la tripulación militar y el extraordinario consumo de combustible de un aparato de ese tamaño.
La fiscalización de la oposición se centra también en las incógnitas sobre el viaje de regreso a España tras el evento familiar. Las fuerzas de la oposición reclaman a Moncloa que aclare de inmediato en qué condiciones se efectuará el retorno y si el Airbus A310 permanecerá estacionado en Londres acumulando costes de estancia en pista para traer de vuelta al presidente y a sus acompañantes, o si por el contrario se movilizarán nuevos recursos públicos o aeronaves para el regreso de la comitiva. La oposición ha calificado el episodio como un abuso intolerable de recursos públicos, afeando al presidente que no optara por regresar a España con sus ministros para posteriormente desplazarse al Reino Unido en un vuelo comercial costeado íntegramente con fondos propios.
