El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dictado la imputación de la directora general del instituto armado, Mercedes González, y del Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas. La decisión del magistrado responde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que aprecia indicios sólidos de criminalidad en las maniobras orquestadas desde el entorno gubernamental para torpedear los procedimientos judiciales que cercan al Ejecutivo. Ambos mandos civiles y policiales han sido citados a declarar en calidad de investigados el próximo 16 de julio.
Los motivos de la imputación: persecución interna a la UCO
La imputación de Mercedes González y Manuel Llamas se enmarca en el denominado caso Leire Díez, una derivada judicial que investiga las presuntas maniobras de la exmilitante socialista para utilizar los resortes del Estado en beneficio del partido. Según el informe de la propia Unidad Central Operativa (UCO), Díez se reunió hasta en tres ocasiones con la directora general con un objetivo nítido: forzar el inicio de actuaciones administrativas e informaciones reservadas contra los propios investigadores de la Guardia Civil.
La trama pretendía averiguar si desde la UCO se estaban produciendo filtraciones a los medios de comunicación en relación con los casos de corrupción que salpican al entorno del presidente del Gobierno. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la apertura de estas tres informaciones reservadas en un lapso de apenas diez meses no buscaba depurar responsabilidades reales, sino que constituyó un claro mecanismo de presión e «intimidación institucional». El Ministerio Público recalca que esta sucesión de expedientes internos generó un clima de incertidumbre profesional idóneo para forzar la «censura, inhibición o moderación» de los agentes encargados de las pesquisas de mayor calado político. Los delitos que se les atribuyen de forma preliminar son los de prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia.
Por su parte, al número dos del cuerpo, Manuel Llamas, se le acusa de encubrir ante la plantilla la existencia de esta campaña de desprestigio y de instar activamente a los investigadores del caso que afecta al hermano del presidente del Gobierno a «mantenerse de perfil» y acelerar las pesquisas sin conclusiones contundentes.
Aforamiento ‘de facto’ y descrédito: el Gobierno desafía los principios éticos
La gravedad de los delitos imputados a la máxima autoridad del cuerpo contrasta con la preocupante respuesta ofrecida desde el Palacio de la Moncloa y el Ministerio del Interior. Apenas unas horas después de conocerse el auto del juez Pedraz, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se apresuró a blindar a los investigados, confirmando públicamente que mantiene su «absoluta confianza» en González y Llamas y descartando de forma tajante su destitución o la suspensión de sus funciones.
Esta postura supone un flagrante desafío a los estándares éticos exigibles en la gestión pública y ahonda en el descrédito de la institución. En el seno de la propia Guardia Civil, la indignación es palpable: el reglamento general determina con absoluta claridad que cualquier agente del cuerpo que resulte formalmente imputado en un procedimiento penal es suspendido provisionalmente de sus funciones de manera cautelar para salvaguardar la neutralidad del uniforme. Sin embargo, en un ejercicio de flagrante doble rasero, la dirección política de la Benemérita elude la aplicación de sus propias normas estrictas.
Al negarse a dimitir y al ser sostenida de forma artificial por el Ejecutivo, Mercedes González arrastra a la Guardia Civil a un escenario de parálisis institucional. Resulta insostenible que quien ostenta la jefatura máxima del cuerpo mantenga el control operativo y administrativo de la misma policía judicial que está obligada a investigar los presuntos delitos cometidos bajo su mando. La negativa a asumir responsabilidades políticas inmediatas ante indicios tan graves de obstrucción a la justicia supone un precedente destructivo para la separación de poderes en España.
