La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado formalmente al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, el magistrado Santiago Pedraz, la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, el teniente general Manuel Llamas.
En el escrito presentado por la fiscal Elena Lorente, el Ministerio Público concluye la existencia de indicios de criminalidad y solicita que ambos mandos presten declaración en calidad de investigados por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia. Esta petición se ha registrado de manera posterior a la solicitud de idéntica diligencia efectuada por el Partido Popular, que ejerce la acusación popular en la causa.
Objeto de las diligencias judiciales
El procedimiento en el que se enmarca esta petición, denominado ‘caso Leire Díez’, investiga la presunta puesta en marcha de una operativa destinada a interferir, fiscalizar u obstaculizar los avances de las investigaciones desarrolladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en causas judiciales por corrupción.
El núcleo de las pesquisas se centra en la apertura de expedientes internos y de información reservada dirigidos hacia los agentes de dicha unidad de élite. Estas investigaciones internas, que tenían por objeto rastrear supuestas filtraciones a medios de comunicación, finalizaron archivadas al no apreciarse ninguna irregularidad en el proceder de los funcionarios.
Indicios reflejados en la causa
La solicitud de imputación penal se sustenta sobre los elementos documentales y testificales recabados hasta la fecha en la instrucción de la Audiencia Nacional. Entre los principales factores analizados por el Ministerio Público se encuentra la celebración de tres encuentros presenciales entre la directora general del instituto armado, Mercedes González, y la principal investigada, Leire Díez, según constatan los informes técnicos incorporados a la causa.
A estos contactos se suman las declaraciones testificales de dos generales del cuerpo ante el juez instructor. En sus deposiciones, ambos mandos manifestaron que la dirección general no les trasladó información alguna relativa al contenido ni a la justificación de las citadas reuniones con Díez, al tiempo que calificaron la cadencia y especificidad de las informaciones reservadas abiertas contra la UCO como un hecho excepcional. Asimismo, las acusaciones señalan la coincidencia cronológica existente entre los contactos mantenidos, el posterior borrado de comunicaciones y la firma de las órdenes de inicio de los expedientes disciplinarios internos.
Próximas citaciones señaladas
Tras la formalización de los escritos de la acusación popular y de la Fiscalía Anticorrupción, corresponde en exclusiva al magistrado Santiago Pedraz dictaminar si procede el señalamiento de las declaraciones de Mercedes González y Manuel Llamas en condición de investigados.
De manera paralela, el juzgado mantiene fijadas para el próximo 15 de julio las comparecencias en calidad de testigos del ex teniente fiscal Diego Villafañe y de la fiscal Beatriz López. El objeto de estas citaciones es el esclarecimiento de dos reuniones celebradas en la sede de la Fiscalía General del Estado con personas vinculadas a la investigación.
